La normativa alcanza a establecimientos públicos y privados de nivel primario y secundario. Los estudiantes solo podrán utilizar sus dispositivos cuando un docente lo solicite o autorice con fines pedagógicos. Además, la Provincia promulgó la Ley Ema, que establece medidas para prevenir y abordar la violencia digital.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la ley que regula el uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas. La normativa establece que los estudiantes no podrán utilizar sus dispositivos durante la jornada educativa, salvo que exista un requerimiento o autorización explícita del docente y que su uso tenga fines pedagógicos.
La regulación fue incorporada a la Ley Provincial de Educación y busca promover un uso seguro y responsable de la tecnología, además de concientizar a los alumnos de entre 6 y 17 años sobre los riesgos de la exposición sin límites a las pantallas.
En concreto, la ley establece que los estudiantes de ambos niveles deberán utilizar los dispositivos digitales únicamente para cumplir objetivos pedagógicos. También contempla la elaboración de instrucciones, protocolos y recomendaciones para la comunidad educativa, junto con mecanismos de seguimiento para evaluar la aplicación de las medidas y proponer eventuales ajustes.
Qué establece la Ley Ema sobre la violencia digital
Junto con la regulación de los celulares, la Provincia promulgó la denominada Ley Ema, que crea el programa provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en los establecimientos educativos.
La iniciativa surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se convirtió en símbolo de la lucha contra el ciberacoso y la violencia de género digital. La joven se quitó la vida 24 horas después de que un compañero de su escuela difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. El proyecto fue impulsado a partir de la preocupación de su mamá, Laura Sánchez.
La normativa define la violencia digital como aquellas conductas realizadas mediante tecnologías que puedan provocar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes.
Entre las situaciones contempladas figuran la obtención, reproducción o difusión de material íntimo sin consentimiento —incluso cuando haya sido producido o editado mediante inteligencia artificial—, el acoso, las amenazas, la extorsión y el control o espionaje de la actividad virtual. También incluye el acceso no autorizado a dispositivos o cuentas, la difusión de datos personales y los discursos de odio misóginos.
Otro de los ejes es la incorporación transversal y progresiva de contenidos sobre ciudadanía digital en las escuelas. Se abordarán temas como el consentimiento, la privacidad, los derechos digitales, el uso crítico y responsable de las tecnologías y la prevención de las violencias en entornos virtuales.
Por último, la Ley Ema establece la capacitación obligatoria y continua de docentes, personal no docente, equipos directivos y de orientación escolar para detectar situaciones de violencia digital y actuar frente a ellas. También promueve la participación de estudiantes y familias en la construcción de entornos educativos libres de estas violencias.
