La UNLZ y la Cámara Penal local inauguran, del 7 al 9 de mayo, un encuentro que reúne a la justicia bonaerense, la academia y la militancia por los derechos humanos para repensar la política criminal del país.
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, junto a la Cámara Penal del Departamento Judicial, convoca en su sede a jueces, fiscales, defensores y estudiantes para seguir de cerca los debates que definen el rumbo de la justicia penal argentina. Las jornadas comienzan cada día a las 17, con entrada gratuita, y buscan proyectar la voz del conurbano en la discusión jurídica federal.
La apertura cuenta con la palabra de Sergio Gabriel Torres, ministro de la Suprema Corte bonaerense; Diego Molea, rector de la UNLZ; María Fernanda Vázquez, decana de Derecho; y Miguel María Alberdi, presidente de la Cámara Penal lomense. Su presencia refuerza el compromiso del Poder Judicial provincial con la universidad pública y con un modelo de justicia cercano a la comunidad.
La agenda reúne a figuras de trayectoria como la jueza Soledad Garibaldi; los magistrados Gabriel Vitale, Jorge López, José Michelini y Pablo Little; la defensora Victoria Baca Paunero y la fiscal Cecilia Incardona. Junto a ellos disertan el criminólogo Gabriel Ignacio Anitua, el juez de Casación Ricardo Maidana y el académico Eugenio Sarrabayrouse, en paneles que ponen sobre la mesa experiencias de gestión judicial y enfoques críticos de la dogmática penal.
Entre los ejes centrales se discuten la situación carcelaria, la investigación científica en Derecho Penal, la reforma procesal federal y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías a la persecución penal. Cada mesa combina mirada garantista con demandas de eficacia, en línea con la tradición de derechos humanos que caracteriza al movimiento jurídico popular del sur bonaerense.
El congreso se consolida así como un espacio estratégico para vincular la producción académica con las transformaciones institucionales que exigen los tiempos de lawfare y economías de plataformas, fortaleciendo la formación de futuros profesionales y ratificando la función social de la universidad pública en la democratización del conocimiento jurídico.
