El documento leído durante la cuarta Marcha Federal Universitaria advirtió sobre el deterioro presupuestario y salarial que atraviesan las casas de estudio. Rectores, docentes y estudiantes reclamaron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y apuntaron contra el Gobierno nacional por incumplir fallos judiciales. La UNLZ dijo presente.
En el acto central de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales leyeron un duro documento contra el gobierno de Javier Milei, al que acusaron de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario y profundizar el ajuste sobre la educación pública.
“203 días sin aplicar la ley” fue una de las consignas centrales del texto difundido en Plaza de Mayo, donde los distintos sectores universitarios denunciaron que el financiamiento del sistema es “crítico” porque el Poder Ejecutivo “incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”. Además, remarcaron que el Gobierno también desoye fallos judiciales que ordenaron su implementación inmediata.
Según los datos expuestos durante la movilización, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. El documento sostuvo que esa reducción impactó en todas las áreas del sistema universitario y advirtió que las partidas destinadas al funcionamiento nunca recuperaron más del 64% del poder adquisitivo que tenían en enero de 2023. “El equivalente a casi nueve meses de transferencias se perdió durante esta administración”, alertaron.
El reclamo también puso el foco en el derrumbe salarial de docentes y nodocentes. De acuerdo con el escrito, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló un 293,30%, mientras que los salarios universitarios aumentaron un 147,30%, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo del 37,13%. “Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia”, señalaron.
En el cierre del documento, las organizaciones universitarias apelaron directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga frente al recurso presentado por el Gobierno nacional. “No permitamos que los pilares de nuestras universidades —trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes— sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, concluyeron.
