El temporal que azotó Bahía Blanca dejó una serie de interrogantes sobre la preparación y prevención de catástrofes, revelando que el gobierno de Javier Milei tomó decisiones clave que podrían haber influido en la magnitud de la tragedia. Tres días antes de la tormenta, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, decidió cerrar la Dirección Nacional de Emergencias, lo que implicó el despido o la puesta en disponibilidad de 485 trabajadores. Esta dirección era la encargada de brindar asistencia en situaciones de emergencia, enviando profesionales y suministros esenciales para atender a las víctimas de desastres naturales.
El cierre de esta área se suma a otros recortes realizados por el gobierno, como los despidos masivos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el año pasado. La reducción de personal en el SMN, que incluyó a 600 empleados, afectó gravemente programas clave como el de “Alertas Tempranas”, que podría haber dado una respuesta más rápida y efectiva ante el temporal. La falta de preparación y los recortes en áreas fundamentales de prevención y asistencia parecen haber jugado un papel crucial en la magnitud de los daños provocados por las inundaciones.
A pesar de la tragedia, la solidaridad de la sociedad argentina no se hizo esperar. Desde diversos puntos del país llegaron donaciones, pero las críticas apuntan a la escasa respuesta del gobierno nacional. Según los reportes, la ayuda enviada consistió en “80 colchones”, una cifra totalmente insuficiente para una ciudad de 300.000 habitantes, de la cual gran parte sufrió pérdidas materiales devastadoras. La disolución de la Dirección Nacional de Emergencias, que funcionaba desde 2012, generó la sensación de que el gobierno restó importancia a la urgencia de la situación, al trasladar la responsabilidad a los ministerios de Defensa y Seguridad.
Además, ya en 2012, un estudio realizado por el Conicet había advertido sobre los riesgos de inundaciones en la región de Bahía Blanca, especialmente debido a su ubicación en la cuenca inferior del canal Maldonado y del arroyo Napostá. Este informe indicaba la necesidad de medidas preventivas para evitar los desbordes de estos cursos de agua, pero la falta de acciones concretas ante las advertencias sigue siendo un punto de debate. Con la eliminación de la Dirección Nacional de Emergencias y la crisis en el Sistema Meteorológico Nacional, las posibilidades de anticipar y mitigar estos desastres se vieron gravemente limitadas.
