La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el mecanismo de actualización aplicado entre 2021 y 2024 y dispuso utilizar la fórmula sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. El fallo beneficia por ahora a una sola jubilada, pero podría convertirse en un antecedente para otros reclamos previsionales.

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, aprobada durante la presidencia de Alberto Fernández. La resolución, dictada a partir de una demanda contra la ANSES presentada por la jubilada Carmen Galletta, ordenó recalcular sus haberes correspondientes al período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024 mediante el sistema previsto en la ley 27.426, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri.

Los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado revocaron una sentencia de primera instancia que rechazaba el reclamo. Según los fundamentos del tribunal, la fórmula implementada en 2021, basada en la evolución de los salarios y la recaudación tributaria, no contemplaba mecanismos de protección suficientes frente a una aceleración de los precios. En ese sentido, señalaron que los aumentos posteriores vinculados a la inflación tampoco permitieron recuperar el poder adquisitivo perdido.

El fallo tomó como referencia el período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, durante el cual los incrementos jubilatorios acumularon un 553,55%, mientras que la inflación alcanzó el 1.129,07%. De acuerdo con los cálculos judiciales, esa diferencia representó una pérdida real del poder de compra del 46,83%. Para corregir el deterioro, la Cámara dispuso aplicar el esquema anterior, que combinaba un 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor y un 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE.

La resolución también estableció que, al determinar las diferencias correspondientes, deberán descontarse los montos previamente abonados por movilidad, adelantos y bonos extraordinarios, con el objetivo de evitar pagos duplicados. Asimismo, declaró inconstitucional el límite previsto en el artículo 9 de la ley 24.463 cuando implique una reducción igual o superior al 15%, y dispuso aplicar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central para calcular los intereses, aunque admitió la prescripción de parte de los retroactivos reclamada por la ANSES.

Aunque la decisión representa un antecedente relevante para los litigios previsionales, sus efectos se limitan al expediente de Carmen Galletta y no implican una actualización automática para el conjunto de los jubilados. El pronunciamiento vuelve a instalar en la discusión judicial el impacto de las distintas fórmulas de movilidad sobre los ingresos previsionales y la dificultad de recomponer los haberes después de períodos de elevada inflación.