El gobierno de Javier Milei, lejos de haber garantizado un plan de infraestructura a la altura de las necesidades del país, se ve obligado a declarar la emergencia vial en Bahía Blanca por los daños devastadores que sufrió la región a raíz del temporal del 7 de marzo. La resolución, firmada por el titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, confirma lo que muchos ya temían: las políticas de recorte de la gestión de Milei no solo están afectando la capacidad de reacción del gobierno, sino que están profundizando una crisis en la infraestructura vial que podría haber sido evitada.
El temporal dejó a varias rutas nacionales colapsadas, con más de 400 milímetros de lluvia que caían en pocas horas. Las rutas nacionales 3, 33, 35 y 252 fueron gravemente dañadas, presentando socavaciones, destrucción de alcantarillas, puentes dañados y pavimentos rotos. Sin embargo, la emergencia vial no es más que el resultado de años de abandono: durante su mandato, Milei ha implementado recortes presupuestarios drásticos en la obra pública, dejando a las rutas del país, y especialmente a las de Bahía Blanca, en una situación de total desidia.
Las autoridades locales y Vialidad Nacional ya habían advertido sobre la creciente precariedad de la infraestructura vial, pero el gobierno de Milei optó por mirar hacia otro lado mientras la falta de mantenimiento se acumulaba. Ahora, después de un desastre natural, la administración se ve obligada a tomar medidas de emergencia, cuando en realidad debieron haberse tomado antes. En lugar de apostar por la prevención, el gobierno de Milei ha preferido recortar los fondos destinados a obras viales y de infraestructura, con el resultado de tener que reparar lo que se pudo haber prevenido.
El colapso de las rutas no solo refleja una falta de previsión, sino que pone en riesgo la seguridad de miles de conductores que ahora enfrentan un panorama peligroso en los caminos. El hecho de que puentes y alcantarillas hayan quedado inutilizables es prueba del desinterés por mantener una infraestructura esencial para el desarrollo y la seguridad vial. La declaración de emergencia vial es solo un parche temporal a un problema mucho más profundo, producto de las políticas erráticas de un gobierno que, en lugar de priorizar el bienestar de los ciudadanos, opta por el ajuste y la desinversión.
