El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, afirmó que en el transcurrir de la semana las empresas del transporte “deberían pagar los salarios”, lo que llevaría alivio a un conflicto que generó incertidumbre en el sector.
Fusaro manifestó que el escenario “debería ser normal” sobre el cierre de la próxima semana. El último jueves se realizó la tercera mesa de diálogo entre la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias para avanzar en la “reestructuración del sistema” y “optimizar la prestación de los servicios” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En ese encuentro se confirmó la implementación de herramientas orientadas a mejorar la eficiencia del sistema, entre ellas la “incorporación de buenas prácticas que reconozcan a las empresas que cumplen con estándares adecuados”, así como la modernización de procesos administrativos para lograr esquemas más “ágiles y transparentes”.
Sin embargo, el titular de AAETA advirtió sobre una caída sostenida en la frecuencia de los colectivos. “Es algo que se viene agudizando desde la salida de la pandemia”, señaló, al tiempo que remarcó el impacto que esto tiene en los usuarios del AMBA.
Según detalló, la flota en circulación se redujo significativamente en los últimos años. “Hace cinco años teníamos 18.000 colectivos circulando en el AMBA, hoy son 12.000 en abril”, indicó. Además, explicó que en la comparación interanual de días hábiles de abril, la cantidad de kilómetros recorridos por las unidades cayó un 10%, mientras que frente a una “situación más normal de hace diez años”, la baja alcanza el 25%.
“La gente empieza a sentirlo como algo normal cuando antes no lo era. El deterioro es muy profundo cuando se mira una escala de tiempo muy amplia”, advirtió.
En relación al esquema de financiamiento, Fusaro sostuvo que el aumento que paga el usuario por encima de la inflación “no lo recibe la empresa sino que lo recibe el Estado, que es el que paga cada vez menos subsidios”.
“Hace dos años y medio, la tarifa era el 9% del ingreso, y el 91% eran subsidios que pagaba el Estado. Hoy la proporción cambió: 37% ingreso y 63% subsidio. El Estado se está ahorrando mucha plata”, apuntó.
En ese sentido, consideró que el único beneficiado “es el Estado que aporta menos fondos”, mientras que las empresas también resultan perjudicadas. “La empresa también sale perdiendo, porque lo que se quita de subsidios es mayor que lo que se agregó de tarifas”, concluyó.
