El presidente Javier Milei anunció oficialmente el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, horas después de la masiva marcha que tuvo lugar en el Congreso en apoyo a la educación pública. Este veto fue comunicado a través del Boletín Oficial el jueves por la mañana, evidenciando la firme postura del Gobierno ante las demandas de una parte significativa de la sociedad.
El decreto que acompaña esta decisión señala que “el proyecto de ley sancionado por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente”, argumentando que no se consideró el impacto fiscal ni se identificó la fuente de financiamiento necesaria. Según el Presidente, el cumplimiento de esta ley “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
Milei también enfatizó que la legislación no busca realmente proteger el financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que tiene como objetivo “dañar al gobierno políticamente”. En este sentido, la Oficina del Presidente destacó que “es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos”, y abogó por discutir el financiamiento universitario en el contexto del Presupuesto Nacional 2025.
La reacción del Gobierno ante la multitudinaria movilización fue de análisis cuidadoso, especialmente considerando que muchos de los asistentes eran votantes de Milei. A pesar de este escenario, el oficialismo mantuvo su postura de rechazo, atribuyendo motivaciones políticas a la oposición, que se ha unido en un frente contra las políticas económicas del Presidente. “Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático”, afirmaron desde la Casa Rosada, reafirmando su compromiso de “terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”.
