El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la suspensión de los fondos destinados a los organismos de derechos humanos, aludiendo a la falta de fiscalización y transparencia en el manejo de más de $3.000 millones de pesos anuales de los contribuyentes. A través de su cuenta en X, el funcionario explicó que la cartera iniciará una auditoría y suspenderá todos los pagos hasta que se presente una rendición clara de cuentas por parte de los organismos beneficiarios.
El recorte afecta a 13 organizaciones de derechos humanos y a la administración del predio de la ex ESMA, uno de los centros más emblemáticos de la memoria histórica en Argentina. Cúneo Libarona destacó que, solo para el mantenimiento del predio, se gastaban $16.000.000 mensuales, y el presupuesto anual de los organismos alcanzaba los $3.359.732.866
La decisión genera controversia, especialmente después de que Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, denunciara los despidos y la posible cierre de la ex ESMA, un centro histórico de lucha por los derechos humanos en el país.
La situación se complica con las denuncias del gremio de ATE, que alertó sobre los despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos, exacerbando aún más las tensiones entre el Gobierno y los sectores de la memoria y la justicia social.
