Mientras el Gobierno nacional destacó la recuperación de las transferencias automáticas a las provincias durante julio, la provincia de Buenos Aires volvió a quedar relegada en el reparto de recursos. Aunque los envíos crecieron en términos reales respecto del mismo mes del año pasado, el distrito que gobierna Axel Kicillof se ubicó entre los que registraron los incrementos más bajos.
Durante julio, la administración de Javier Milei distribuyó $7,25 billones a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación y otras transferencias automáticas, lo que representó una suba real del 7,5% interanual. El impulso estuvo explicado principalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias, que aumentó 19,9% real debido al vencimiento de pagos de personas físicas, según un informe de Politikon Chaco elaborado sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y el INDEC.
Sin embargo, el reparto mostró fuertes diferencias entre las jurisdicciones. Catamarca encabezó el ranking con un incremento del 10,3%, seguida por Salta (8,8%), Tierra del Fuego (8,3%) y San Luis (8,3%). En contraste, la provincia de Buenos Aires apenas registró una suba del 6,2%, el segundo porcentaje más bajo del país, solo por encima de Tucumán (6,5%), pese a concentrar cerca del 40% de la población argentina.
El informe también remarcó que, pese al repunte de julio, el balance anual continúa siendo negativo. Entre enero y julio las transferencias automáticas acumularon una caída real del 1,3% frente al mismo período de 2025, lo que significó una pérdida de $627.188 millones para el conjunto de las provincias. Los recursos distribuidos incluso quedaron por debajo de los niveles registrados en igual período de 2021, 2022 y 2023.
Los datos vuelven a poner en discusión el esquema de distribución de fondos impulsado por el Gobierno nacional. Mientras algunos gobernadores recibieron aumentos superiores al promedio, la provincia de Buenos Aires quedó nuevamente entre las menos beneficiadas, en un contexto de tensión entre la Casa Rosada y la administración bonaerense por el financiamiento de obras, seguridad y servicios esenciales.
