Docentes y no docentes perdieron un 32% del poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei y advierten que la situación es la peor en más de dos décadas, en medio de recortes presupuestarios y conflicto creciente.
El sistema universitario público atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el retorno de la democracia. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los salarios de docentes y no docentes acumularon una pérdida del 32% en su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, lo que los ubica en el nivel más bajo de los últimos 23 años. La situación se da en paralelo a un fuerte ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional.
“El deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado”, advirtió el CIN, que además calculó que para recuperar el nivel previo a la actual gestión los haberes deberían incrementarse en un 47,3%. La brecha se explica por una inflación acumulada del 280% frente a subas salariales del 158% en el mismo período.
El recorte no se limita a los ingresos. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, afectando el funcionamiento general del sistema. Dado que los salarios representan el 87,9% del presupuesto universitario, el ajuste impacta de lleno en los trabajadores, profundizando el deterioro de las condiciones laborales y académicas.
Frente a este escenario, las universidades nacionales avanzan con medidas de fuerza. Se convocó a una semana completa de paro entre el 27 de abril y el 2 de mayo, y a una nueva Marcha Federal Universitaria el próximo 12 de mayo, en defensa de la educación pública. Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) señalaron que “la convocatoria surge ante la crítica situación que enfrenta el sistema universitario, con más de 17 meses consecutivos de pérdida salarial, la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.
Mientras tanto, el Gobierno impulsa un nuevo esquema de financiamiento que, según advierten desde el ámbito académico, consolidaría el ajuste. Un informe de la Universidad Nacional del Litoral proyectó que el presupuesto 2026 sería un 31,4% menor al que establece la ley vigente, lo que podría profundizar aún más la pérdida salarial en los próximos meses y agravar el conflicto en todo el país.
