El 22 de abril de 1985, la democracia recién recuperada daba un paso sin precedentes en América Latina: enjuiciar por la justicia civil a los comandantes que planificaron y ejecutaron el terrorismo de Estado. Cuatro décadas después, aquella gesta judicial sigue siendo un faro para los derechos humanos en el mundo.
Eran las nueve de la mañana de un otoño aún frío en Buenos Aires cuando el secretario del Tribunal Oral Federal, con voz firme pero temblorosa, anunció el inicio de la audiencia. Frente a él, en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia, se sentaban nueve hombres que hasta hacía apenas dieciocho meses habían gobernado el país con el terror como método. El 22 de abril de 1985 comenzaba el Juicio a las Juntas Militares, y con él, la historia argentina se partía en dos. Por primera vez desde la caída de los regímenes nazis, un tribunal civil juzgaba a exdictadores por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Durante diecisiete semanas, 833 testigos rompieron un silencio que durante años había sido impuesto a balazos y golpes de puerta. Fueron 530 horas de declaraciones donde sobrevivientes, familiares y ex detenidos describieron el infierno: centros clandestinos, torturas, vuelos de la muerte, bebés arrancados de los brazos de sus madres aún con vida. El fiscal Julio César Strassera, cerró su alegato con tres palabras que hoy resuenan como un mandato colectivo: “Señores jueces, nunca más”.
Para los organismos de derechos humanos —Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas— aquel juicio fue mucho más que un proceso judicial. Fue el reconocimiento del Estado a su propio horror. Después de años de marchas silenciosas, de pañuelos blancos en la plaza, de denuncias ignoradas y de fosas que no cesaban de abrirse, el tribunal demostró lo que ellas ya sabían: que la dictadura no había cometido “excesos” ni “errores”, sino que había diseñado un plan sistemático de exterminio. La CONADEP, creada por el presidente Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, había volcado en el informe “Nunca Más” el testimonio de miles de víctimas. Ese documento fue la columna vertebral del juicio. El 9 de diciembre de 1985, la sentencia condenó a reclusión perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, y penas menores a Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti. Cuatro fueron absueltos. No era justicia plena —quedaban muchos crímenes sin juzgar y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida los frenarían años después— pero era el principio del fin de la impunidad.
La prensa internacional cubrió cada jornada del juicio con asombro y esperanza. La figura del “autor mediato” —tomada de la jurisprudencia alemana que juzgó a los nazis— permitió condenar a los comandantes que nunca ensuciaron sus manos con sangre pero que planificaron, ordenaron y supervisaron el aparato represivo. El fiscal Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo construyeron una acusación tan sólida que la defensa militar solo pudo balbucear. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron el caso como modelo. Por primera vez, el principio de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que los superiores jerárquicos son responsables comenzaba a aplicarse con éxito en la región. El juicio argentino inspiraría décadas más tarde las condenas a las juntas de Chile, Perú y Uruguay, y alimentaría la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, aquella gesta no pudo ser televisada. Los militares aún conservaban poder sobre los medios y la Cámara Federal, amenazada permanentemente con atentados y bombas, solo autorizó un resumen diario de tres minutos sin audio en los noticieros nocturnos. La imagen de Videla y Massera esposados nunca llegó en directo a los hogares argentinos. Esa deuda con la memoria comenzó a saldarse recién en 2022, cuando Santiago Mitre estrenó “Argentina, 1985”. La película, protagonizada por Ricardo Darín como Strassera, reconstruyó con rigor y emoción aquellos meses fundacionales. Lejos de todo panfleto, Mitre eligió el tono del thriller judicial: las dudas del fiscal, la presión de los militares, el valor de los testigos jóvenes que por primera vez contaban ante una cámara lo que habían vivido. La pelicula fue un fenómeno global: nominado al Oscar, ganador del Goya y visto por millones de argentinos en cines comerciales. Ademas de liberaron derechos para que cada centro cultural y club de barrio fuesen parte de Pantallazos Nacionales gratuitos, que profundizaron el impacto de la pelicula de Santiago Mitre l. Familias enteras que no habían vivido la dictadura o que la habían transitado en silencio se sentaron por primera vez a escuchar aquella frase: “Señores jueces, nunca más”.
