La caída de Aquarium Mar del Plata dejó expuesta una trama de manejo opaco, mercantilización de fauna y desprotección, con 66 animales que hoy dependen de una decisión judicial para sobrevivir.
La quiebra de la empresa Plunimar S.A., a cargo del Aquarium Mar del Plata, puso en evidencia una situación crítica que excede lo empresarial y abre un fuerte debate sobre el rol del Estado en el control y protección de la fauna. El proceso, dictado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, reveló que el predio aún alberga 66 animales, entre pingüinos y lobos marinos, sostenidos con recursos mínimos.
El dato más delicado surge del propio expediente judicial: la empresa reconoció que intentó vender los animales antes de la quiebra para generar liquidez. Esa maniobra quedó interrumpida por la intervención judicial, que ahora deberá resolver el destino de los ejemplares, ya sea mediante traslado, cesión o reubicación bajo otra órbita.
La situación se vuelve aún más grave al conocerse que meses antes la firma concretó la venta de diez delfines a un oceanario en el Mar Rojo por 800 mil dólares. La operación, que había sido presentada públicamente como un traslado, fue reconocida dentro del expediente como una transacción comercial, lo que deja al descubierto serias inconsistencias en la gestión.
Mientras tanto, apenas doce trabajadores sostienen el cuidado de los animales en condiciones precarias y sin ingresos para garantizar su bienestar a largo plazo. El caso transforma la quiebra en una crisis estructural, donde la ausencia de controles efectivos deja a la fauna en un estado de vulnerabilidad extrema y convertida, una vez más, en variable de ajuste.
