La Cámara de Diputados inició este miércoles la primera jornada de audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto marcado por cuestionamientos de sectores ambientalistas y de la oposición al formato de participación definido por el oficialismo.
El encuentro comenzó a las 10 con la exposición presencial de unos 200 oradores, mientras que otros 200 participarán este jueves de manera virtual. En total, más de 100 mil personas se inscribieron para formar parte del proceso, aunque solo una parte podrá intervenir de forma oral, ya que el resto deberá enviar sus aportes por escrito o mediante videos.
El esquema mixto —impulsado por el bloque de La Libertad Avanza— fue uno de los principales focos de polémica. Organizaciones ambientalistas y espacios opositores cuestionaron la limitación en la cantidad de expositores y la brevedad de las intervenciones, que no podrán superar los cinco minutos.
En paralelo, bloques como Unión por la Patria, Provincias Unidas y sectores de izquierda anticiparon reclamos para extender la duración de las audiencias y garantizar una mayor participación. Sin embargo, el oficialismo ratificó el cronograma de dos jornadas definido en el plenario de comisiones.
Las exposiciones presenciales se desarrollan bajo estrictas condiciones de ingreso, ya que solo pueden acceder quienes fueron previamente notificados. Además, se solicitó a los bloques limitar la presencia de asesores para facilitar la dinámica del encuentro.
En las inmediaciones del Congreso se implementaron cortes de tránsito durante toda la jornada, mientras que para la tarde está prevista una movilización de organizaciones ambientalistas que reclaman mayor apertura en el debate.
En el plano judicial, un primer intento por frenar las audiencias fue rechazado por la Justicia, aunque aún permanece sin resolución otra presentación realizada por entidades ambientalistas que buscan suspender o modificar el esquema de participación.
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares se da en medio de fuertes tensiones políticas y sociales, con posiciones encontradas sobre el alcance de los cambios y su posible impacto en la protección ambiental y el desarrollo de actividades productivas.
