La violencia de género en Argentina volvió a encender alarmas tras la publicación de un nuevo informe que revela la magnitud del problema en lo que va del año. Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, dirigido por la organización La Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron 43 víctimas fatales por violencia de género en el país.
El reporte detalla que las muertes incluyen 36 femicidios de mujeres y niñas, un transfemicidio y seis femicidios vinculados de varones adultos y niños. Las cifras evidencian la persistencia de una problemática estructural que continúa impactando con fuerza en distintos puntos del territorio nacional.
Uno de los datos más alarmantes del informe es que el 60% de los crímenes ocurrió dentro del hogar de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor, lo que confirma que el ámbito doméstico sigue siendo uno de los espacios de mayor riesgo. Además, en el 62% de los casos los femicidas eran parejas o exparejas, lo que refuerza el patrón de violencia dentro de vínculos afectivos.
El impacto social también se refleja en las consecuencias familiares. El informe señala que 45 hijos e hijas quedaron sin madre, y casi la mitad de ellos son menores de edad. En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe, Tucumán y Mendoza.
El documento también expone fallas en los mecanismos de protección estatal. Según el relevamiento, cinco víctimas habían realizado denuncias previas y tres de los agresores tenían medidas cautelares vigentes al momento del crimen. Asimismo, se registró que tres femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad, siete se suicidaron después del hecho y en cuatro casos hubo indicios de abuso sexual. Entre las víctimas también se contabilizó una mujer embarazada y dos casos vinculados a contextos de narcocriminalidad.
Como novedad metodológica, el informe incorporó por primera vez la variable de tentativa de femicidio, con 25 intentos registrados durante el mismo período. Desde la organización sostienen que visibilizar estos hechos permite dimensionar con mayor precisión la violencia contra las mujeres y generar conciencia social y política. El Congreso de la Nación Argentina contempla en el Código Penal de la Nación Argentina penas mínimas de 10 años de prisión para estos ataques.
Desde la sociedad civil advierten que el contexto social y económico agrava las condiciones de vulnerabilidad. En ese marco, reclaman políticas públicas más eficaces y sostienen que la violencia de género debe ser abordada como una problemática de derechos humanos y no únicamente desde una perspectiva de seguridad.
El informe concluye con un llamado a la acción para evitar que estos casos se naturalicen y recuerda que detrás de cada víctima existen múltiples impactos sociales y familiares, que afectan a comunidades enteras.
