El oficialismo consiguió este jueves la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. La votación terminó con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, y desató una celebración en los palcos por parte de referentes del Gobierno de Milei.
La iniciativa ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados de la Nación una vez iniciado el período de sesiones ordinarias.
Desde una de las plateas del recinto siguieron el desenlace la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem. Tras la aprobación, se mostraron exultantes por el resultado.
Qué cambia con la reforma
El proyecto modifica aspectos centrales de la normativa vigente desde 2010 y redefine el alcance de las zonas protegidas. Si bien mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, introduce una distinción dentro del ambiente periglacial.
A partir de la reforma, solo quedarán completamente protegidas aquellas formaciones periglaciares que cumplan una función hídrica comprobable como reservas estratégicas de agua o proveedoras para la recarga de cuencas. Las áreas que no acrediten esa función podrán quedar habilitadas para actividades productivas, entre ellas proyectos mineros o hidrocarburíferos.
Además, la iniciativa crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía. El organismo deberá identificar glaciares y formas periglaciares y determinar cuáles cumplen funciones hídricas.
Tensión en la previa y fuerte debate
Antes del inicio del debate se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso. Un grupo de activistas de Greenpeace intentó ingresar al Palacio y varios manifestantes fueron detenidos. También se denunció la represión a un camarógrafo que cubría los hechos.
Durante la sesión, el oficialismo defendió la reforma como una herramienta para dar mayor claridad normativa y compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales. Desde la oposición, en cambio, se advirtió que se trata de un retroceso en materia ambiental y que podría abrir la puerta a la explotación en zonas sensibles para el equilibrio hídrico.
El debate dejó expuestas dos miradas contrapuestas: por un lado, quienes sostienen que la modificación brindará seguridad jurídica y atraerá inversiones; por el otro, quienes alertan sobre el impacto que podría tener en los ecosistemas de alta montaña y en las reservas de agua dulce.
Con media sanción obtenida, la discusión continuará en Diputados, donde se anticipa un nuevo cruce intenso en torno a uno de los temas ambientales más sensibles de la agenda nacional.
