En una sesión extensa, atravesada por fuertes cruces políticos, protestas en las calles y el paro general convocado por la CGT, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el oficialismo. La iniciativa obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, y ahora deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para que se pronuncie sobre los cambios incorporados durante el tratamiento parlamentario.
El proyecto fue respaldado por el bloque oficialista de La Libertad Avanza y sus aliados de Fuerzas del Cambio —integrado por sectores de la UCR, el PRO y el MID—, además de legisladores de Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y algunos monobloques. En tanto, votaron en contra los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, gran parte de Provincias Unidas y otros bloques minoritarios.
Durante el tratamiento en particular, el oficialismo logró sostener los 26 títulos y 218 artículos que integran la reforma, aunque previamente se eliminó el artículo 44, que establecía una reducción en las indemnizaciones para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral. Esa modificación obliga a que el texto vuelva al Senado para su revisión definitiva antes de convertirse en ley.
Entre los puntos más controvertidos, el proyecto introduce cambios en el régimen de indemnizaciones, crea un Fondo de Asistencia Laboral, modifica la vigencia de los convenios colectivos, restringe las tutelas sindicales y establece nuevas regulaciones sobre el derecho a huelga. También incluye la derogación de estatutos profesionales específicos y disposiciones que afectan el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
La sesión estuvo marcada por un clima de fuerte confrontación política, en paralelo a movilizaciones sindicales y sociales en distintos puntos del país. El debate se dio en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Milei y los sectores gremiales, que rechazan la iniciativa por considerar que implica una pérdida de derechos laborales.
El oficialismo buscará acelerar el tratamiento en la Cámara alta, con el objetivo de lograr la sanción definitiva antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, prevista para el 1 de marzo, que será encabezada por el presidente Javier Milei. La definición del Senado será clave para determinar el futuro de una de las reformas estructurales más importantes impulsadas por el Gobierno libertario.
