El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó este jueves su “profunda preocupación y rechazo” ante la creación de la cuenta en la red social X denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, impulsada desde la Presidencia de la Nación con el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”.
La entidad advirtió sobre “la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un ‘tribunal de la verdad’” y consideró “alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia”.
En ese marco, FOPEA recordó que “el Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma”.
Además, subrayó que “el periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada”, y advirtió que “la pretensión del Gobierno de establecer una ‘verdad oficial’ indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre”.
La organización también sostuvo que “esto confirma que se está utilizando una estructura oficial —y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos— para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”. En ese sentido, señaló que esta situación se da en un contexto en el que “desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información”, al mencionar cambios por decreto en la Ley de Acceso a la Información Pública, la falta de conferencias de prensa regulares y la ausencia de una vocería presidencial con cobertura permanente.
FOPEA remarcó, además, que “a lo largo de 23 años de vida institucional, se ha venido planteando públicamente la preocupación ante iniciativas similares promovidas por otros gobiernos”, y reiteró que “el argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”.
Por último, la entidad concluyó: “Desde FOPEA estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública”.
