La reducción de aportes patronales incluida en el proyecto oficial recorta recursos clave del seguro de salud, debilita el Fondo Solidario de Redistribución y amenaza la cobertura de millones de trabajadores en un contexto de crisis sanitaria y económica.
El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei incorporó un recorte directo al financiamiento del sistema nacional del seguro de salud al reducir en un punto porcentual la contribución patronal. La medida, lejos de ser técnica o neutral, impactó de lleno sobre un esquema solidario que ya arrastraba problemas estructurales y que se sostuvo históricamente con aportes y contribuciones del trabajo registrado.
El sistema de obras sociales se financió con un aporte del trabajador del 3 % y una contribución del empleador del 6 %, que totalizaban el 9 % del salario. La iniciativa oficial llevó ese esquema al 8 %, al bajar la contribución patronal al 5 %, lo que representó una pérdida del 11,11 % de los recursos del sistema. Ese recorte se trasladó de manera directa al Fondo Solidario de Redistribución, del cual dependen prestaciones esenciales para los sectores más vulnerables.
De acuerdo con datos oficiales de recaudación de agosto de 2025, la quita de un punto significó una pérdida mensual estimada de 16 mil millones de pesos para el Fondo Solidario y de más de 90 mil millones para el conjunto de las obras sociales, cifras que se ampliaron al considerar el impacto anual y el pago del aguinaldo. Desde el sector advirtieron que no se previó ninguna fuente alternativa de compensación para cubrir ese bache.
El Fondo Solidario, administrado por el Estado a través de ARCA, financió prestaciones por discapacidad, subsidios automáticos como SUMA, SUMA 65, SUMARTE y SANO, y tratamientos de alto costo. La caída de recursos redujo la capacidad de respuesta frente a una demanda creciente, en un escenario marcado por salarios atrasados, informalidad laboral, aumento de costos médicos y mayor judicialización del sistema.
Desde el ámbito sindical, el secretario general del SICONARA, Mariano Vilar, cuestionó que el ajuste se aplicara sobre un sistema ya desfinanciado y sin margen para absorber nuevos recortes sin afectar prestaciones. La reducción de aportes también impactó sobre los afiliados a empresas de medicina prepaga, que vieron incrementado el gasto de bolsillo ante la menor cobertura efectiva de sus planes.
En ese marco, la CATT rechazó la reforma laboral y denunció el desfinanciamiento del seguro de salud como una decisión política que erosionó el modelo solidario. Desde el sector advirtieron que el ajuste no promovió empleo ni mejores condiciones laborales, sino que trasladó el costo a trabajadores y trabajadoras, y anticiparon un estado de alerta en defensa de la cobertura médico-asistencial.
