Un informe oficial confirmó que el país alcanzó la tasa más alta de personas presas de toda su historia, con sobrepoblación estructural, uso extendido de la prisión preventiva y un crecimiento sostenido del encierro en las provincias.
La Argentina atraviesa el nivel más alto de encarcelamiento desde que existen registros. Así lo indicó el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, publicado en enero de 2026, que expuso un cuadro crítico del sistema penitenciario en el primer año completo de gestión de Javier Milei, con un aumento sostenido del encierro y niveles alarmantes de sobrepoblación.
Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario contabilizaba 121.443 personas privadas de la libertad, lo que equivalía a una tasa de 258 presos cada 100 mil habitantes, la más alta de la historia nacional. El promedio se explicó, en buena medida, por cinco provincias que superaron ampliamente ese número: Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Salta encabezaron el ranking de encarcelamiento.
El informe señaló que, en los últimos 25 años, la población carcelaria creció a un ritmo promedio del 6 % anual, con la única excepción de 2020, cuando la pandemia redujo transitoriamente los ingresos al sistema. En 2024, ese crecimiento se aceleró y alcanzó el 7,1 %, aun cuando se incrementaron las plazas penitenciarias, una expansión que no logró revertir la sobrepoblación.
Según el relevamiento, el sistema penitenciario nacional funcionó al 130,2 % de su capacidad, lo que implicó que haya 130 personas alojadas en espacios diseñados para 100. En la última década, la cantidad de personas detenidas en cárceles del país aumentó un 67,7 %, con picos especialmente marcados en Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, que más que duplicaron su población carcelaria entre 2015 y 2024.
El documento también advirtió que la ampliación de plazas carcelarias impulsada por distintos gobiernos provinciales durante 2024 derivó, en muchos casos, en el traslado de personas desde comisarías a cárceles, sin reducir de manera significativa la cantidad de detenidos en dependencias policiales. En paralelo, el informe subrayó el uso extendido de la prisión preventiva: el 37,3 % de la población carcelaria permanecía sin condena, con fuertes disparidades entre jurisdicciones, mientras que los delitos contra la propiedad concentraban la mayor proporción de personas encarceladas.
