El Presidente firmará mañana el decreto que habilita a sesionar del 10 al 31 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas que profundiza el ajuste, la flexibilización laboral y la desregulación ambiental. El oficialismo busca aprobar todo a contrarreloj y con el apoyo de gobernadores aliados.
Javier Milei decidió acelerar su hoja de ruta y firmará este viernes el decreto que convoca al Congreso a sesiones extraordinarias durante diciembre. La convocatoria, que regirá del 10 al 31, incluye la discusión del Presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma penal y modificaciones a la Ley de Glaciares, un paquete que consolida el rumbo de recorte fiscal y desprotección estatal que impulsa la Casa Rosada. La publicación en el Boletín Oficial quedará para el martes.
Desde la mesa chica presidencial anticipan que el Gobierno difundirá los detalles de los proyectos en los próximos días y que intentará conseguir un nuevo dictamen presupuestario antes de mitad de mes. Para ello, el oficialismo convocará a los jefes de bloque dialoguistas con el objetivo de tejer acuerdos que le permitan llegar al recinto con garantías mínimas. En paralelo, el Ejecutivo mantuvo reuniones con gobernadores del Pacto de Mayo para limar diferencias y ablandar resistencias en torno a las partidas.
Las expectativas del Gobierno se concentran en que la aprobación del Presupuesto ayude a ordenar el frente financiero y a generar una baja del riesgo país antes de enfrentar vencimientos de deuda por US$4.000 millones en enero. Las negociaciones quedarán en manos del titular de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la jefa de bloque libertaria, Patricia Bullrich. El ministro de Economía, Luis Caputo, será quien defina hasta dónde ceder en fondos y asignaciones.
La reforma laboral avanza sobre la Ley de Contrato de Trabajo con el argumento de “reducir costos”, pero reinstala la vieja lógica del acuerdo entre privados que históricamente debilitó a los trabajadores. El proyecto habilita la optatividad de la cuota solidaria sindical, la aplicación de convenios específicos y una profundización de las restricciones al derecho a huelga mediante la ampliación de los servicios esenciales a áreas como salud, transporte, telecomunicaciones y educación.
En paralelo, el Gobierno difundió los ejes de su reforma penal, que endurece penas para homicidios, abusos, robos, corrupción y trata de personas; suma nuevas figuras; eleva mínimos para bloquear condenas condicionales; y ordena que el 82% de los delitos se cumpla con prisión efectiva. También vuelve imprescriptibles ciertos delitos graves y establece que las condenas comiencen a ejecutarse apenas se rechace el recurso extraordinario, sin esperar a la Corte. En la Casa Rosada descartan que Milei presente públicamente el contenido del paquete, fiel al estilo hermético con el que avanza en su agenda de ajuste y disciplinamiento.
