Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que el 77% de las trabajadoras domésticas en Argentina se encuentran en situación de informalidad, lo que expone a miles de mujeres a condiciones laborales vulnerables y sin protección social.
La problemática fue analizada en un encuentro realizado en la Biblioteca Nacional, donde participaron representantes de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) y del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Durante la jornada se destacó que uno de los principales motivos de la falta de registración es el desconocimiento de los empleadores sobre los procedimientos formales necesarios para regularizar el vínculo laboral.
Desde el Tribunal de Trabajo explicaron que en el empleo doméstico suele generarse un vínculo afectivo entre trabajador y empleador, lo que, en muchos casos, termina postergando o directamente evitando el registro formal. Esta informalidad también se potencia por la falta de información y herramientas prácticas para concretar el trámite, especialmente entre adultos mayores, que suelen ser empleadores con limitaciones para desplazarse o realizar gestiones online.
Otro de los factores señalados es la situación de las trabajadoras migrantes. Muchas de ellas eligen no ser registradas al comenzar su actividad en el país, ya que, en numerosos casos, todavía no cuentan con la residencia o documentación requerida, o bien provienen de contextos de alta vulnerabilidad, por lo que prefieren permanecer en la informalidad.
El informe también destacó que la informalidad es más alta en los sectores de clase media, donde las familias necesitan ayuda doméstica pero no siempre formalizan el vínculo laboral. En contraste, los sectores de mayores ingresos presentan mayores niveles de registración, incentivados principalmente por los beneficios fiscales, como los descuentos en el impuesto a las ganancias.
La situación refleja un desafío urgente en materia de políticas públicas para fomentar la registración, difundir los derechos laborales y facilitar el acceso a herramientas de formalización, garantizando así mejores condiciones laborales para miles de trabajadoras en todo el país.
