La medida anunciada por el Gobierno de arancelar la educación universitaria para estudiantes extranjeros no residentes fue rechazada de manera unánime por las autoridades académicas del país, quienes expresaron su preocupación por las implicancias de la iniciativa. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, fue uno de los primeros en manifestarse en contra, argumentando que el arancelamiento no solo no mejorará la situación presupuestaria de las universidades, sino que además fue una decisión tomada sin consultar a la comunidad educativa.
La propuesta, que fue anunciada por el vocero oficial Manuel Adorni, se enmarca dentro de las políticas para generar nuevas fuentes de financiamiento para las universidades públicas. Sin embargo, las críticas apuntan a la falta de claridad sobre quiénes serían los estudiantes afectados, dado que, según las normativas vigentes, para poder inscribirse en una universidad pública, un estudiante extranjero debe contar con documentación de residencia temporaria. Esto excluye, por lo tanto, a aquellos extranjeros que no se encuentren en situación de residencia legal en el país.
El anuncio también ha sido cuestionado por los datos estadísticos disponibles. De acuerdo con el estudio “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022-2023” del Ministerio de Capital Humano, solo el 4,3% de los 2.720.531 estudiantes que cursan carreras de grado o posgrado en universidades públicas son extranjeros. Este porcentaje resulta inferior al 4,5% de habitantes extranjeros permanentes en el país, según el Censo 2022 del INDEC. Esto indica que, a pesar de la retórica sobre la “excesiva carga” de estudiantes extranjeros en el sistema educativo, en realidad existe una subrepresentación de migrantes en las universidades nacionales.
Desde las universidades, las autoridades reafirmaron su postura de que el sistema educativo público debe seguir siendo gratuito e inclusivo, y que medidas como el arancelamiento de estudiantes extranjeros podrían ser contraproducentes para el acceso a la educación superior. Además, sostienen que el verdadero desafío sigue siendo garantizar una mayor inversión en el sistema educativo y resolver los problemas estructurales de financiamiento sin perjudicar la inclusión.
