El 8 de mayo de 1987, tres jóvenes fueron asesinados por la Policía Bonaerense en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) estaban reunidos en la esquina de Guaminí y Figueredo cuando fueron acribillados por tres suboficiales. Este hecho quedó registrado como la Masacre de Budge y dio lugar a una movilización inédita en el país.
El crimen generó una reacción inmediata de amigos, vecinos y familiares, que comenzaron a organizarse para exigir justicia. En ese proceso se conformó la Comisión de Amigos y Vecinos de la Masacre de Budge, que tuvo un rol clave para visibilizar el caso. La masacre de Ingeniero Budge no fue el primer caso de gatillo fácil, sino el primero en que todo un barrio se organizó para luchar contra esta política represiva.
La respuesta de las autoridades incluyó el espionaje sobre quienes participaban en las actividades. La Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) vigiló marchas, reuniones y acciones judiciales. En 2015, más de mil fojas desclasificadas revelaron detalles de ese seguimiento, con recortes de prensa, informes internos y afiches de las convocatorias.
Pese a las trabas, la persistencia de la comunidad logró avances: en 1998 fueron condenados los tres policías involucrados. Se trató del oficial Juan Ramón Balmaceda, el cabo primero Juan Alberto Miño y el cabo Isidro Rito Romero. Habían permanecido prófugos durante años, amparados por sectores de la propia fuerza de seguridad.
A raíz de este caso, en 2012 se instauró el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. “No era un mero caso policial sino una violación a los derechos humanos”, señaló el abogado León Zimmerman, uno de los primeros en acompañar judicialmente a las familias. Esa lectura marcó un antes y un después en cómo se entienden estos hechos en democracia.
La masacre de Budge, junto con otros casos como los de Walter Bulacio y Omar Carrasco ayudaron a visibilizar las prácticas represivas estatales. Hoy, a 38 años, persiste el llamado a enfrentar el perfilamiento racial y la violencia institucional. La organización colectiva continúa siendo la principal herramienta frente a estas problemáticas.
