Cada 30 de agosto se conmemora en el mundo el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La fecha busca recordar a quienes fueron privados de libertad por agentes estatales o grupos actuando con su aval, y cuyo paradero fue ocultado, quedando fuera de la protección de la ley. En Argentina, esta jornada tiene un eco particular por la historia reciente del país.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define este crimen como el arresto, detención o secuestro por parte de agentes del Estado, o personas con su apoyo, seguido de la negativa a reconocer esa situación o informar sobre el destino de la víctima. Se trata de una práctica que vulnera derechos fundamentales y afecta no solo a la persona desaparecida, sino también a su entorno.
En América del Sur, los países del MERCOSUR comparten una memoria marcada por la persecución y desaparición sistemática de personas durante las últimas dictaduras militares. Esta experiencia común impulsó la creación de organismos regionales que buscan consolidar una agenda de derechos humanos en clave de integración.
En 2025, la conmemoración adquiere un significado especial en los países del Cono Sur porque se cumplen 50 años del inicio del Plan Cóndor, formalizado en noviembre de 1975. Este acuerdo secreto entre los servicios de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y posteriormente Brasil, estableció un sistema de cooperación represiva destinado a perseguir, detener y hacer desaparecer opositores políticos más allá de las fronteras nacionales. La coordinación marcó una de las etapas más duras de la represión estatal en la región.
Desde 1991, el MERCOSUR incluyó entre sus principios rectores la defensa de la democracia, la paz y los derechos humanos. A lo largo de los años, se reforzó esta misión con instancias como la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos (RAADH), creada en 2004, y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH), fundado en 2009, que coordinan programas de memoria, verdad y justicia.
Tanto la RAADH como el IPPDH llevan más de una década impulsando investigaciones, capacitaciones, políticas públicas y sistemas de información que promueven el acceso a la memoria y la justicia en los países miembros. Estas iniciativas incluyen el trabajo en redes con organizaciones sociales y la elaboración de lineamientos regionales para garantizar los derechos humanos.
En 2023, se sumó un avance simbólico y concreto: la aprobación de un sello para identificar Sitios de Memoria vinculados a violaciones de derechos humanos durante el Plan Cóndor. El primero se utilizó en Paraguay, en el Museo de la Justicia y el Archivo del Terror. Con esta señalización, los Estados del bloque reafirmaron su compromiso de preservar la memoria, enfrentar la impunidad y promover la no repetición de estos hechos.
