El miércoles pasado, el oficialismo y sectores de la oposición con una postura dialoguista lograron consensuar un dictamen de mayoría para un proyecto de reforma del régimen penal juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad a los 14 años.
El proyecto cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, parte de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica, y obtuvo más apoyos que la propuesta de Unión por la Patria (UxP), que sostiene los 16 años como edad mínima de imputabilidad.
Cabe recordar que en junio del año de 2024, el Poder Ejecutivo había presentado una iniciativa aún más restrictiva, proponiendo bajar la edad a 13 años, en línea con una visión punitivista históricamente impulsada por sectores de derecha durante períodos electorales, sin abordar soluciones estructurales para garantizar los derechos fundamentales de los adolescentes.
Cada vez que un menor de edad comete un delito, diferentes voces que aseguran poder solucionar el problema hablan de la baja de la edad de imputabilidad. No existe bajo ese paradigma otro tipo de respuesta. Menor que transgrede la ley, menor que debe recibir castigo. A priori, la conclusión es sencilla y hasta suena lógica, pero deja por fuera múltiples aspectos de un entramado mucho más complejo que ese recorrido unidireccional no contempla, por ignorancia o perversión.
“Ningún pibe nace chorro ni nace para chorro”, sentenció el Padre Francisco Paco Olveira en declaraciones exclusivas para Diario Lomas.
Las luces de las cámaras se encienden para apuntar a esos niños o adolescentes que delinquieron o mataron y todos son jueces aplicando la Ley del Talión, que pocas fallas guarda en su lógica, pero no advierte las singularidades ni los contextos de la situación. De ninguna manera se trata de justificar hechos ilícitos ni de revictimizar a quienes hayan sufrido las consecuencias de un accionar delictivo. Se trata de correr el foco. Se trata de no dar una respuesta tan simple a un problema multifactorial y sobre todo de no esperar buenos resultados del punitivismo sin que haya un trabajo adecuado en la prevención y en la educación.
“Este gobierno lo único que sabe es reprimir y esto es también una forma de represión”, afirmó el Padre Paco. En este sentido, aquellos reflectores puestos en estos menores de edad que no respetan las convenciones sociales, tendrían que girar de vez en cuando e iluminar un poco el entramado en el que ellos habitan, ya que muchas veces antes de violar las normas, estos ciudadanos son invisibles y solo toman sustancia y cuerpo una vez que el daño ya está hecho.
La discusión debe contemplar las necesidades básicas cubiertas, el respeto por los derechos humanos inalienables, el contexto de sumo individualismo disfrazado de libertad en el que se vive y el papel de un Estado nacional que pretende pasar inadvertido si se trata de suplir necesidades pero que arremete con toda su fuerza cuando debe reprender.
Entonces, cualquier persona estaría en poder de preguntarse: cuando hablan de hacer desaparecer el Estado porque genera gastos innecesarios y coarta las libertades individuales, ¿de qué tipo de accionar estatal hablamos? ¿El Estado que previene es gasto, pero el que reprime y sanciona no lo es? Si hablaban de la abolición total de la entidad estatal, ¿por qué aparecería en su forma más cruda a la hora de vigilar y castigar?
Parecería ser una incongruencia, pero no se trata de un pensamiento errado por inocente o precipitado, sino que disfraza la hipocresía. La hipocresía de negarle a una población vulnerable como lo son los niños y los adolescentes, seres en desarrollo y a cargo del mundo adulto, el acceso a las cuestiones básicas de subsistencia como alimentación, salud y abrigo.
“No es ninguna solución meter a los pibes presos, que no es un lugar precisamente de reeducación”, aseguró el cura y agregó “lo que hay que hacer es invertir en salud, en educación, en justicia en todo lo contrario que hace este gobierno”.
Las cámaras no iluminan ahí y los “expertos en cosas” devenidos en verdugos medievales no señalan esas cuestiones con sus falanges incriminatorias. No hay nada novedoso en esta situación, pareciese ser un loop de defensas y acusaciones que van y vienen en la discusión pública, desde los sectores más conservadores hasta los más progresistas, desde hace ya tiempo.
Resulta importante aclarar que en el caso de la provincia de Buenos, existen datos del Ministerio Público provincial sobre las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil entre 2009 y 2023. Estos datos advierten que la cantidad de IPP iniciadas oscila entre 20 mil y 30 mil anuales. Las IPP son el inicio de una causa judicial en la cual se investiga la presunta comisión de un delito con el objetivo de determinar la responsabilidad de su autor. En este caso, al ser Responsabilidad Penal Juvenil, corresponde a jóvenes que son mayores de 16 años y menores de 18.
Al comparar la actividad delictiva de jóvenes y adultos en la Provincia de Buenos Aires durante 2023, los datos revelan que la participación juvenil en el delito constituye apenas el 2,25% del total provincial, con 23.846 causas, frente a las 1.036.696 del Fuero Criminal y Correccional, correspondiente a los mayores de 18.
En delitos graves, como homicidios dolosos, los menores representan el 8% del total de crímenes consumados.
Por este motivo, resulta necesario atender el asunto como lo que realmente es: un conjunto de problemas que requieren de tratamiento profundo y no de slogans propagandísticos de cara a las elecciones.
“La Iglesia tiene una posición muy clara en que la baja de punibilidad no es una solución, sino que es esconder el problema debajo de la mesa”, aseveró Olveira y concluyó “es sacarse a los pibes de en medio y listo”.
Este tipo de flagelos no admite especulación, no obstante, salta a las claras que de eso está ocurriendo. La idea quizá no sea hablar de soluciones simplistas vinculadas al punitivismo, sino de, otra vez, mover el foco, iluminar lo turbio, volver visible lo que pretende ser ignorado.
Abrir algunas preguntas que puedan ir un poco más allá de una causa y un efecto, a través de la contemplación de la multiplicidad de factores que producen que un niño cometa un delito, quizás no arroje una solución de la noche a la mañana, pero nos permita un debate social con un poco más de madurez y algo más complejo.
