La oposición acelera en el Congreso una ofensiva política contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y busca activar por primera vez en la historia una moción de censura, una herramienta incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 pero que nunca fue aplicada. El oficialismo intenta contener el avance de la iniciativa mientras crecen los cuestionamientos por presuntas contradicciones y falsedades en las exposiciones del funcionario ante el Parlamento.

El mecanismo constitucional prevé un procedimiento complejo y de varias etapas. En primer lugar, alguna de las dos cámaras del Congreso debe aprobar por mayoría absoluta un pedido de interpelación. Una vez habilitada esa instancia, Adorni tendría que concurrir al Congreso para brindar explicaciones y responder preguntas de los legisladores.

Superada esa fase, Diputados y el Senado deberían votar una moción de censura también con mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. Si ambas cámaras aprobaran la medida, el jefe de Gabinete quedaría removido de manera inmediata. De concretarse, Adorni se convertiría en el primer funcionario en ser desplazado mediante este mecanismo desde la recuperación democrática y la reforma constitucional que creó la figura.

El impulso opositor reúne a distintos sectores parlamentarios. El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que Adorni “le mintió al Congreso” y consideró que se rompió el vínculo de confianza necesario entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En la misma línea, el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, afirmó que el funcionario perdió respaldo político y defendió la utilización de una herramienta prevista expresamente por la Constitución.

Mientras tanto, el Gobierno busca desactivar el conflicto y ratificó que Adorni asistirá al Senado en julio para presentar su informe de gestión. Entre los constitucionalistas consultados surgieron diferencias sobre qué ocurriría si el Congreso lograra removerlo: algunos sostienen que el presidente Javier Milei podría volver a designarlo, mientras que otros consideran que una nueva designación desnaturalizaría el control parlamentario y vulneraría el espíritu de la Constitución. Más allá del desenlace, especialistas coinciden en que la sola activación del procedimiento implica un fuerte costo político para el Gobierno y coloca al jefe de Gabinete en una situación de máxima fragilidad institucional.