Bullrich sufrió un nuevo revés tras la caída del capítulo sobre extranjerización de tierras
El oficialismo consiguió la media sanción de una versión reducida de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió resignar otro de los ejes centrales de su iniciativa. Después de retirar el capítulo que habilitaba mayores facilidades para la extranjerización de tierras, el Gobierno también eliminó las modificaciones previstas para la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de votos suficientes para sostenerlas.
La sesión transcurrió mientras en las inmediaciones del Congreso se desarrollaba una masiva protesta contra el proyecto impulsado por la administración de Javier Milei. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo que derivó en incidentes, con uso de gases y camiones hidrantes. Durante la cobertura de la movilización, una fotógrafa resultó herida y debió ser trasladada al Hospital Argerich.
Con 37 votos afirmativos y 33 negativos, el Senado aprobó la ley, aunque el texto llegó al recinto profundamente modificado respecto de la versión original. Para la oposición, las sucesivas concesiones reflejan el debilitamiento político del oficialismo y la presión social y parlamentaria que se consolidó durante las últimas semanas.
La bancada conducida por Patricia Bullrich retomó la sesión iniciada el 19 de julio sin necesidad de reunir nuevamente quórum. Sin embargo, el oficialismo exhibió una mayoría más ajustada que en debates anteriores. A los senadores libertarios se sumaron el PRO, parte del radicalismo y algunos bloques provinciales, aunque el respaldo resultó menor al esperado.
La iniciativa ya había sufrido modificaciones antes de llegar al recinto. A la eliminación del capítulo referido a la extranjerización de la tierra se había agregado previamente la supresión del artículo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares, luego de cuestionamientos de distintos sectores.
La oposición cuestionó además que la versión definitiva del dictamen fuera distribuida apenas una hora antes del inicio de la sesión. El interbloque peronista reclamó que el proyecto regresara a comisión, aunque la moción fue rechazada.
Durante el debate también se planteó un conflicto de intereses en torno al senador Joaquín Benegas Lynch, vinculado a una empresa dedicada a la comercialización de tierras. La impugnación presentada por la oposición no prosperó, mientras que el legislador respondió que el capítulo cuestionado ya no formaba parte del temario.
Otro de los temas abordados fue el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti para habilitar el voto remoto debido a su embarazo avanzado. Tras un acuerdo entre los bloques, la discusión fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis.
Las tensiones diplomáticas con Brasil también ingresaron al recinto. El senador José Mayans cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y expresó el rechazo del interbloque peronista. Desde el oficialismo defendieron la postura presidencial y procuraron diferenciar las expresiones políticas de la relación institucional entre ambos países.
La caída de la reforma sobre Manejo del Fuego
Uno de los principales reveses para el Gobierno fue la retirada del capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. La oposición reunió apoyos suficientes para bloquear los cambios y el oficialismo optó por retirar ese apartado antes de exponer una derrota en la votación.
Según reconstrucciones parlamentarias, el senador Eduardo “Wado” de Pedro encabezó durante toda la jornada una serie de negociaciones con legisladores de distintos bloques para impedir la aprobación de las reformas. Al advertir que no contaba con los votos necesarios, el oficialismo decidió eliminar completamente ese capítulo.
La versión más reciente del proyecto proponía ampliar la desregulación de la legislación vigente mediante la derogación de artículos incorporados en 2020 que limitaban el cambio de uso de tierras afectadas por incendios y permitían a las provincias extender esas restricciones sobre bosques nativos.
Expropiaciones y desalojos
El proyecto aprobado endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados al restringir el alcance del concepto de utilidad pública y fortalecer la posición de los propietarios frente a eventuales procesos de expropiación.
También incorpora mecanismos que aceleran los desalojos judiciales. Desde el oficialismo sostienen que las modificaciones apuntan a proteger la propiedad privada frente a ocupaciones ilegales. En cambio, sectores de la oposición advierten que las nuevas herramientas podrían afectar también a inquilinos con contratos vigentes que enfrenten dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, aunque las sucesivas modificaciones y la pérdida de dos de sus capítulos más controvertidos evidencian las dificultades que enfrentó el Gobierno para sostener el texto original.
