La protesta de los jubilados y pensionados, que nuevamente se concentrarán este miércoles 19 de marzo frente al Congreso de la Nación, estará marcada por la creciente tensión tras los incidentes violentos de la semana pasada. Organizaciones sociales y sindicatos convocaron a una nueva movilización para exigir una recomposición urgente de los haberes jubilatorios, que en esta ocasión se prevé mucho más concurrida y con un operativo de seguridad reforzado.
A partir de las 17 horas, cuando se espera que la Plaza de los Dos Congresos comience a llenarse, distintos colectivos sociales como el Polo Obrero, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros, se movilizarán para acompañar a los jubilados en su reclamo. Además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro desde el mediodía, lo que anticipa una mayor concentración en la zona incluso antes de la hora pactada para la protesta.
En este contexto, el operativo de seguridad será considerablemente mayor. Se implementarán controles en los accesos desde la provincia de Buenos Aires y una presencia policial reforzada en los alrededores del Congreso. Aunque aún no se confirmó la colocación de vallas en la zona, se espera un control exhaustivo del tránsito, especialmente en calles claves como Solís, Avenida Entre Ríos, Avenida Callao, Avenida de Mayo y Avenida Hipólito Yrigoyen, entre otras.
El ambiente estará marcado por la creciente preocupación por la posible repetición de los episodios de represión de la semana pasada, cuando las fuerzas de seguridad, bajo el mando de la ministra Patricia Bullrich, atacaron violentamente a los manifestantes. Durante esa jornada, se registraron 114 detenidos, aunque todos fueron liberados posteriormente por la jueza Karina Andrade, quien no encontró pruebas suficientes para justificar las detenciones. El fotoperiodista Pablo Grillo sigue internado en estado crítico tras recibir un impacto en la cabeza durante los enfrentamientos.
El clima social, por tanto, está cargado de incertidumbre. El gobierno nacional se prepara para lo que podría ser otra jornada tensa, con un despliegue policial imponente y un hermetismo oficial en torno a las medidas de seguridad. Sin embargo, la realidad en las calles parece indicar que el operativo no solo busca mantener el orden, sino contener a cualquier grupo que intente expresar desacuerdo con las políticas vigentes, incluso si se trata de ciudadanos pacíficos que se suman a la protesta.
El clima de tensión es palpable, especialmente después de que un petitorio firmado por destacados referentes de la cultura y los derechos humanos exigiera la no criminalización de la protesta. Entre los firmantes se encuentran figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Mollo, quienes instaron al gobierno a garantizar el derecho a la libre manifestación sin recurrir a la violencia policial.
Mientras tanto, en la Casa Rosada se desarrollan reuniones de urgencia entre funcionarios de Seguridad e Inteligencia. Si bien el mensaje oficial destaca que el operativo es para garantizar el orden, las imágenes y denuncias de la protesta pasada siguen dejando claro que las fuerzas de seguridad continúan con tácticas que generan más confrontación que diálogo.
