El 5 de febrero de 1975 marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Con la firma del decreto 261 por parte de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, comenzó el Operativo Independencia en Tucumán, el primer paso en la instalación del terrorismo de Estado. Bajo la justificación de combatir la “subversión”, las Fuerzas Armadas desplegaron una estrategia de persecución política que incluyó secuestros, torturas y asesinatos, prácticas que luego se extenderían a todo el país con el golpe de Estado de 1976.
El operativo, que contó con la participación de 5.000 efectivos de la V Brigada de Infantería, Gendarmería Nacional y la Policía Federal, instauró un régimen de control militar en la provincia. Respecto a los acontecimientos posteriores a ese 5 de febrero de 1975, Daniel Prassel, integrante de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield, señalo: “La zona sur de Tucumán, en particular, quedó bajo un estado de militarización total. Las fuerzas militares se desplegaron a lo largo de la ruta 38, quedando la población civil en una zona completamente controlada”. Allí, miles de obreros, estudiantes, docentes y militantes sociales fueron secuestrados, torturados y asesinados.
Uno de los símbolos más representativos del Operativo Independencia fue la instalación de “La Escuelita de Famaillá”, el primer Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio del país. “Ese lugar se convirtió en sede del horror, con alrededor de 3.000 personas secuestradas”, explicó Prassel. Este modelo de represión sistemática luego se replicaría en distintas provincias, consolidando el accionar clandestino del Estado como una práctica extendida.
El accionar militar no solo se limitó a los combates en los cerros tucumanos contra la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo, sino que se expandió a las ciudades. El general Adel Vilas, a cargo de la operación, estableció un esquema de represión urbana que incluyó detenciones arbitrarias y la eliminación de las redes de apoyo a la guerrilla. En diciembre de 1975, su lugar fue ocupado por Antonio Domingo Bussi, quien profundizó las medidas represivas.
Las consecuencias del Operativo Independencia se extendieron más allá del fin de la dictadura. Hasta el momento, los crímenes cometidos en el marco de este operativo han sido juzgados en diversas instancias judiciales. En los juicios de lesa humanidad realizados, hubo condenas para varios de los responsables directos. En el primer proceso, diez genocidas fueron condenados y siete absueltos, mientras que en el segundo juicio se dictaron tres condenas a prisión perpetua y nueve absoluciones.
A 50 años del inicio de este operativo, las voces de quienes luchan por la memoria y la justicia siguen presentes. “En estos tiempos donde discursos negacionistas pretenden ganar la escena para confundir al pueblo, es necesario valerse de la verdad histórica, surgida de los testimonios de los sobrevivientes y confirmada por la justicia, como una herramienta de fortalecimiento y construcción de nuestra joven democracia”, subrayó Prassel.
El Operativo Independencia no solo fue el preludio del golpe de Estado de 1976, sino que sentó las bases del terrorismo de Estado en Argentina. Medio siglo después, el recuerdo de sus víctimas y el análisis de sus consecuencias continúan siendo fundamentales para la construcción de una sociedad basada en la memoria, la verdad y la justicia.
