La violencia de género continúa siendo una de las principales problemáticas sociales del país. Un informe elaborado por los observatorios Ahora Que Sí Nos Ven y La Casa del Encuentro reveló que entre enero y julio de 2026 se registraron más de 140 femicidios, lo que equivale a un asesinato por razones de género cada 35 horas en la Argentina.
Según el relevamiento de Ahora Que Sí Nos Ven, durante los primeros siete meses del año se contabilizaron 147 femicidios y 234 intentos de femicidio. Del total de los casos, 119 correspondieron a femicidios directos, 17 a femicidios vinculados, 7 a instigaciones al suicidio y 4 a travesticidios o transfemicidios.
El informe también señala que 145 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre como consecuencia de estos crímenes, poniendo de manifiesto el profundo impacto social que generan los hechos de violencia de género.
Patrones que se repiten
Los datos muestran que la mayoría de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, lo que confirma que el ámbito íntimo continúa siendo el escenario de mayor riesgo.
Asimismo, un porcentaje importante de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas o solicitado ayuda a organismos estatales, una situación que vuelve a poner en debate la eficacia de los mecanismos de protección y el seguimiento de los casos.
El relevamiento también advierte sobre las consecuencias que estos hechos tienen en los hijos e hijas de las víctimas, quienes quedan en situación de vulnerabilidad y requieren acompañamiento integral.
Reclaman fortalecer las políticas de prevención
Frente a estas cifras, organizaciones feministas, familiares de víctimas y colectivos sociales reiteraron el pedido de reforzar las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género, garantizar asistencia a las víctimas y mejorar la respuesta judicial ante las denuncias.
Los informes sostienen que, pese a los avances normativos y las campañas de concientización impulsadas en los últimos años, la violencia por motivos de género continúa siendo una problemática estructural que requiere respuestas sostenidas por parte del Estado y un compromiso de toda la sociedad.
