La Universidad Torcuato Di Tella confirmó en su Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) una caída de 13,6% en agosto, el peor registro para la administración de Javier Milei en un clima de recesión, malestar social y ruido por las presuntas coimas.
El dato encendió alarmas en la Casa Rosada y expuso el desgaste de una gestión que prometió “orden” y “cambio” pero chocó con la realidad de los bolsillos. El ICG marcó el nivel más bajo desde diciembre de 2023 y coronó una tendencia descendente que se profundizó mes a mes, lejos de aquel envión inicial que surgió de la expectativa por el shock de medidas.
Entre las causas, la encuesta señaló una inflación que desaceleró en las últimas semanas pero continúa en niveles que pulverizan salarios, una economía que no arranca y más hogares que no llegan a fin de mes. El combo del ajuste libertario sin resultados tangibles en la vida cotidiana terminó erosionando el capital político del oficialismo.
El índice de la Di Tella mide cinco dimensiones y casi todas retrocedieron: evaluación general del Gobierno, percepción de honestidad de los funcionarios, capacidad para resolver problemas, eficiencia de gestión y honestidad en la lucha contra la corrupción. El desplome resultó generalizado, no un tropiezo puntual, y mostró que la desconfianza abarca el rumbo y las formas.
El termómetro del humor social dejó, además, una advertencia política: con la confianza en mínimos, el Gobierno enfrenta un escenario más áspero para sostener la gobernabilidad y avanzar su agenda legislativa. En un país atravesado por la polarización, los datos de agosto funcionaron como un llamado de atención sobre los límites de un programa que ajusta a las mayorías mientras se multiplica el descontento.
