La Justicia federal dictaminó la protección de los sitios de Memoria donde funcionaron centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). La medida responde a un requerimiento presentado por la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien solicitó preservar estos espacios fundamentales para la Memoria, la Verdad y la Justicia.
El juez Ariel Lijo, integrante de la Corte Suprema propuesto por Javier Milei, instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a garantizar el mantenimiento y funcionamiento de los sitios conocidos como ‘Olimpo’, ‘Club Atlético’, ‘Automotores Orletti’ y ‘Virrey Cevallos’. Estos espacios, hoy abiertos al público, cumplen una función clave como centros de investigación, pedagogía y preservación histórica.
La resolución establece la dotación de personal capacitado para garantizar actividades, visitas guiadas y la conservación de los edificios. Asimismo, ordena realizar tareas de limpieza, mantenimiento estructural y fumigación con el fin de proteger tanto los archivos históricos como las instalaciones físicas de cada lugar.
El fallo también remarca la importancia de sostener las tareas de investigación y las actividades educativas desarrolladas en estos sitios. Esto incluye la preservación de archivos y acervos documentales que constituyen un testimonio valioso de los crímenes cometidos en los centros clandestinos durante la dictadura.
La iniciativa fue impulsada por Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, quien además denunció despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos bajo la gestión actual. Según la legisladora, estas acciones ponen en riesgo la continuidad de políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
En paralelo, organismos de derechos humanos expresaron su preocupación por la situación de los trabajadores despedidos y la creciente vulnerabilidad de los espacios de Memoria. Las medidas judiciales buscan garantizar la protección de estos lugares, en un contexto de fuerte rechazo a políticas de orden negacionista por parte del Gobierno Nacional.
