El Gobierno Nacional concretó la venta de las acciones de la empresa siderúrgica IMPSA S.A. a la compañía de capitales estadounidenses ARC Energy, marcando la primera privatización bajo la administración de Javier Milei. La decisión, avalada por una comisión evaluadora, se enmarca en el plan del Gobierno de alcanzar el déficit cero y reducir el aporte de fondos federales a empresas privadas. Este proceso contó con el respaldo explícito de la provincia de Mendoza, donde la firma tiene su sede.
La compañía se dedica al abastecimiento de los sectores de metalurgia, y había sido intervenida por el Estado en 2021, pero para evitar su quiebra y garantizar la continuidad de sus operaciones, vuelve a manos privadas. El capital de IMPSA, empresa fundada en 1907, se integra con tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8%; a través de sendos fideicomisos de garantía, y las acciones clase C, que pertenecen al FONDEP en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza. El parte oficial asegura que la provincia de Mendoza manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal.
La Comisión Evaluadora, integrada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y representantes de Mendoza, recomendó la adjudicación a ARC Energy tras analizar la única oferta presentada. Según el parte oficial de la Secretaría de Comercio, el consorcio inversor IAF, liderado por ARC Energy, comprometió un aporte de capital de 27 millones de dólares, sujeto a un cronograma que se alinea con las necesidades operativas de IMPSA.
Uno de los desafíos centrales que enfrentará el nuevo propietario es refinanciar la deuda de 576 millones de dólares que la empresa mantiene con sus acreedores. La Secretaría de Comercio detalló que la oferta incluye un plazo hasta el 31 de enero para obtener la conformidad de los acreedores y avanzar en la renegociación. Si esta condición se cumple, se procederá a la redacción del contrato de compraventa y la transferencia definitiva de las acciones.
El informe de la Comisión destacó la capacidad económica y financiera de los accionistas de IAF para garantizar la continuidad operativa de IMPSA, empresa que provee equipos como turbinas, grúas y reactores a los sectores de generación de energía y metalurgia. Además, se resaltó que la vigencia del seguro de caución asegura el cumplimiento de las condiciones establecidas en la oferta.
El Gobierno Nacional busca dar un paso hacia la reorganización del sector público y fortalecer la economía de mercado, transfiriendo al sector privado la gestión de una compañía que ha enfrentado dificultades financieras significativas en los últimos años. La medida refleja el enfoque de la actual administración en reducir el rol del Estado en empresas consideradas no estratégicas para las finanzas públicas.
