El presidente Javier Milei firmó un decreto que da inicio al proceso de privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A., una de las principales empresas ferroviarias estatales de Argentina. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de Twitter, en el marco del plan de reducción del Estado que el gobierno está impulsando. Con esta medida, el Estado dejará de ser el operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda la infraestructura relacionada, incluyendo el material rodante, las vías, talleres e inmuebles.
El decreto firmado por Milei establece la privatización total de la empresa, que se dedicaba al transporte de mercancías, especialmente en el noroeste del país. Según Adorni, “el Presidente Javier Milei acaba de firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A”. Este anuncio se enmarca dentro de la Ley Bases, recientemente aprobada por el Congreso, que autoriza la privatización de varias empresas estatales, y que busca transferir a manos del sector privado diversas compañías que hoy dependen del Estado.
La decisión de privatizar Belgrano Cargas se basa en una política de reducción del tamaño del Estado, una de las principales promesas de la campaña electoral de Milei. Desde su creación en 2013, la empresa formó parte de un plan para revitalizar el sistema ferroviario de carga del país, pero ahora, el gobierno considera que su futuro está mejor asegurado en manos privadas. Con la medida, se da por cerrada una etapa de reestatización que comenzó en 1948, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón nacionalizó los ferrocarriles.
Belgrano Cargas y Logística operaba sobre la red del Ferrocarril General Belgrano, una de las más extensas del país, con más de 10.000 kilómetros de vías. La empresa ha sido clave para el transporte de mercancías, pero su privatización se alinea con los esfuerzos del Gobierno para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia de las empresas estatales, aunque esta medida genera incertidumbre entre los trabajadores y sectores políticos que defienden la gestión pública de los recursos estratégicos.
