Mediante el decreto 446/2025, la Secretaría de Energía limitará su tarea “exclusivamente a la fiscalización del cumplimiento de los parámetros de seguridad correspondientes” y dejará de intervenir en decisiones vinculadas a precios, oferta y demanda.
El decreto 446/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, modificó el marco regulatorio del gas licuado de petróleo (GLP) y redefinió el rol de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. La norma dispone que esa labor se desempeñará “sin interferir en aspectos operativos que competen al funcionamiento del mercado, evitando intervenir en decisiones vinculadas a precios, oferta y demanda, las cuales deben quedar regidas por el funcionamiento libre y competitivo del mercado, que constituye el mecanismo más eficiente para asignar recursos y promover el desarrollo del sector”.
Al fundamentar la medida, el Ejecutivo advirtió que “el régimen vigente otorga un rol protagónico a la autoridad de aplicación en materia de regulación económica, técnica y operativa, lo que ha generado en muchos casos sobrerregulación, duplicación de funciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos que impactan negativamente en los precios al consumidor”. En ese sentido, sostuvo que “el sector privado es el principal interesado en expandir la producción, el fraccionamiento y la comercialización de GLP, y posee la capacidad para mejorar la calidad del servicio, diversificar la oferta y optimizar la operación de la industria, incluyendo los mecanismos de canje de envases, contribuyendo de ese modo a garantizar el abastecimiento interno de GLP al menor costo posible para los consumidores”.
El decreto eliminó la obligación de obtener autorización previa de la Secretaría de Energía para instalar nuevas plantas de fraccionamiento o ampliar las existentes. Según el texto, “sólo resultaría suficiente que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación para poder operar en los distintos segmentos de la industria, sin necesidad de una autorización previa por parte de la Autoridad de Aplicación”, y estableció que el silencio administrativo se considerará positivo al cabo de diez días hábiles tras la presentación de la documentación pertinente.
También se flexibilizó el régimen de marcas y envases, al permitir que los fraccionadores envasen GLP de cualquier productor o comercializador y reciban envases de cualquier marca, mientras se crea un parque de envases de uso común para asegurar el acceso de las empresas con dificultades de recuperación. Además, el Gobierno autorizó la importación libre de GLP sin otra exigencia que el cumplimiento de la normativa vigente y habilitó las exportaciones siempre que se garantice el abastecimiento interno. según el decreto, estos cambios buscan “adecuar sus disposiciones a una realidad operativa y productiva dinámica, promoviendo una regulación moderna, eficiente y orientada al desarrollo del sector de GLP”.
Con esta desregulación, el Ejecutivo se distancia de intervenciones previas en precios y cantidades, apuesta al mercado competitivo y promete mayor oferta y menores costos, aunque analistas y organizaciones de consumidores advierten sobre riesgos de volatilidad tarifaria y falta de protecciones para los hogares más vulnerables.
