La empresa estatal que presta servicio de rampa en 21 aeropuertos será vendida por completo en una licitación nacional e internacional. La decisión forma parte del plan de desguace del Estado que impulsa la gestión de Javier Milei.
El gobierno nacional oficializó este lunes el inicio del proceso de privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y transporte de pasajeros en los principales aeropuertos del país. La medida fue formalizada a través de la Resolución 1067/2025 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial.
La resolución instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a llevar adelante la venta del 100% del paquete accionario antes de marzo de 2026. Para ello, deberá actualizar el inventario de la compañía y avanzar con la rescisión del contrato de concesión que la vincula con el Estado nacional. La venta se realizará mediante licitación pública, con participación de entidades nacionales e internacionales, a través de las plataformas SUBAST.AR y CONTRAT.AR.
Intercargo quedó incluida en la Ley Bases como empresa “sujeta a privatización”, y desde noviembre de 2024 el gobierno había comenzado a desregular su actividad, habilitando a seis empresas privadas a competir en el servicio que antes prestaba de forma exclusiva. Esta ofensiva privatizadora se aceleró tras los conflictos gremiales en Aeroparque y Ezeiza a fines del año pasado, que derivaron en cancelaciones masivas de vuelos.
Según el comunicado de la Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Aéreo “deberá garantizar la continuidad del servicio sin afectar la conectividad nacional e internacional”. Sin embargo, la decisión representa un nuevo golpe al sistema público y a los trabajadores del sector, que ven amenazadas sus condiciones laborales frente al avance del negocio privado.
El caso de Intercargo se suma a una lista creciente de empresas y organismos públicos en proceso de desguace, en línea con la doctrina de ajuste, achicamiento del Estado y mercantilización de los servicios esenciales que promueve el gobierno de Javier Milei.
