El Gobierno de Javier Milei oficializó la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025 mediante el decreto 1131/2024. Al no haberse logrado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Presupuesto, la medida marca la segunda prórroga consecutiva del presupuesto de 2023, situación que ya se había dado el año anterior. A pesar de haber presentado un proyecto de presupuesto en septiembre, el Ejecutivo decidió no convocar sesiones extraordinarias, citando el temor a que el debate legislativo impactara negativamente en el equilibrio fiscal.
El conflicto con las provincias sigue siendo uno de los puntos centrales de esta prórroga. Gobernadores de distintos distritos han elevado una serie de reclamos económicos que, para Milei, representan una amenaza directa a su política de déficit cero. Entre las demandas más destacadas figuran la deuda por cajas previsionales, la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), reclamos que suman un total de 3.700 millones de dólares. Sin embargo, desde Balcarce 50, la respuesta del Gobierno es clara: “No hay plata. Tampoco proponen de dónde sacar esa plata. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado”.
A pesar de la falta de consenso, desde el oficialismo no descartan que el Presupuesto pueda ser tratado en febrero, si los gobernadores acceden a respaldar el proyecto original presentado en septiembre. No obstante, las fuentes oficiales advierten que no existen antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro del presupuesto de 2025.
El decreto 1131/2024 otorga al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria, lo que le permite al Ejecutivo manejar los recursos del Estado con mayor discrecionalidad. Esta medida podría generar tensiones adicionales con las provincias y con organismos internacionales como el FMI, ya que permite una flexibilidad que podría ser vista como un riesgo en el cumplimiento de las metas fiscales. Con un panorama legislativo incierto, el Gobierno apuesta a que el presupuesto finalmente se apruebe en febrero, mientras tanto, continúa en vigor la prórroga decretada.
