En medio del creciente conflicto con las universidades, el presidente Javier Milei intentó calmar las tensiones al asegurar que “la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada”, destacando que esta cuestión está “fuera de discusión”. En una entrevista con La Nación +, el mandatario abordó las críticas que surgieron tras su declaración de que las facultades son frecuentadas solo por hijos de familias ricas, una afirmación que generó un fuerte rechazo en la comunidad educativa.
Milei también profundizó en su perspectiva sobre el financiamiento universitario, afirmando que “no está en discusión la universidad pública ni el no arancelamiento, porque gratuita no es”. Según el presidente, los costos son cubiertos principalmente por aquellos que no asisten a la universidad. “El que va es un beneficiario neto, el que no va es un pagador neto. Gratis no es”, sostuvo, justificando así su propuesta de auditorías para evaluar el uso de los fondos en las instituciones educativas.
El presidente planteó interrogantes sobre la oposición a las auditorías: “¿Todos estos que defienden y hacen este revuelo acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política?” Aseguró que es fundamental garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, ya que “los impuestos no se pagan voluntariamente sino a punta de pistola”. Esta postura ha avivado el debate sobre la rendición de cuentas en el sector educativo.
A pesar de las tensiones, Milei dejó entrever la posibilidad de discutir un aumento en las partidas presupuestarias para las universidades en el próximo presupuesto 2025, siempre dentro del marco de un déficit cero. Reconoció que “los docentes no están bien pagos” y expresó su disposición a resolver este problema histórico, aunque pidió propuestas concretas sobre cómo lograrlo. Estas declaraciones se producen en un contexto de movilizaciones y tomas en diversas facultades, donde los estudiantes y docentes continúan luchando por un financiamiento adecuado y por la defensa de la educación pública.