La Patagonia argentina no solo lucha contra las llamas; lucha contra el abandono estatal. La superficie devastada ya alcanza las 220.000 hectáreas, una cifra que escapa a la imaginación hasta que se la compara con el tejido urbano: el fuego ya consumió el equivalente a casi 25 veces el Partido de Lomas de Zamora.
Para dimensionar el desastre, imaginemos que la totalidad de la superficie de Lomas (8.900 ha) desapareciera bajo las cenizas, y que esa tragedia se multiplicara sistemáticamente dos docenas de veces a lo largo de la cordillera y la estepa. Este es el tamaño del ecocidio que hoy se enfrenta con recursos diezmados.
Detrás de la columna de humo hay una decisión política clara. El gobierno de Javier Milei ha llevado a Parques Nacionales a una asfixia presupuestaria sin precedentes, colocando a cargo del organismo a Sergio Martín Álvarez un perfil técnico (arquitectura) ajeno a la complejidad de la conservación.
Los números son elocuentes y dolorosos: si en 2025 la poda de recursos fue del 68,9% en términos reales, el presupuesto para 2026 profundiza la agonía. Con una asignación de 111.459 millones de pesos, el incremento nominal del 0,08% es, en la práctica, una caída real del 28,5%. Sin fondos para mantenimiento, patrullaje ni insumos críticos, las áreas protegidas son hoy cajas de fósforos esperando una chispa.
Actualmente, trabajan en el territorio cuadrillas de casi todas las provincias del país, equipos de la ciudad y provincia de Buenos Aires, personal de la Agencia Federal de Emergencias y refuerzos provenientes de Chile, conformando un frente unido contra el avance de las llamas en áreas de difícil acceso. La geografía del desastre es dispar pero implacable: la provincia de La Pampa es la más golpeada con 168.000 hectáreas arrasadas, seguida por una Chubut que no da abasto con sus más de 45.000 hectáreas perdidas en áreas de altísimo valor biológico. en tanto Neuquén y Santa Cruz también reportan daños de magnitud.
La operatividad en el terreno también sufrió el “hachazo” oficial. El proyecto del Comando Unificado “Las Golondrinas”, una base estratégica diseñada para coordinar el combate de incendios en Chubut, Río Negro y Neuquén, quedó herido de muerte.
Pese a que la obra —iniciada en la gestión anterior— contaba con un 80% de avance, el Ejecutivo Nacional decidió cortar el flujo de fondos bajo la premisa de “obra pública cero”. Esta decisión obligó a las provincias a intentar rescatar el proyecto con recursos propios, pero la falta de respaldo nacional impidió concretar el plan original, dejando a los brigadistas sin su base de operaciones más moderna justo cuando más se la necesita.
A este combo de desfinanciamiento se le suma un componente ideológico peligroso: el negacionismo climático. Mientras la administración central desestima las alertas ambientales, los informes del INTA son lapidarios: las precipitaciones en las altas cumbres han caído entre un 30% y un 40%.
La Patagonia se está secando y las temperaturas suben, pero la respuesta oficial es el retiro del Estado. El costo operativo de los incendios ya supera los 7.000 millones de pesos, una carga que hoy recae sobre las arcas provinciales mientras el Gobierno Nacional prioriza el equilibrio fiscal sobre el equilibrio ecológico de la nación.
