La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) alertó que el poder adquisitivo de los y las docentes universitarios se desplomó un 85% desde diciembre de 2023, mes en que asumió la presidencia Javier Milei. A esto se suma un contexto de congelamiento de becas, recortes presupuestarios y paralización de programas de investigación, que configuran una profunda crisis del sistema universitario argentino.
El gremio que agrupa a docentes de universidades públicas también señaló que el salario del sector es actualmente el más bajo de América Latina, producto del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
La crítica situación salarial se enmarca en la Semana de Visibilización de la crisis presupuestaria y salarial de las Universidades Públicas, durante la que se llevaron adelante diversas acciones en todo el país. Como parte de estas medidas, la FEDUN anunció un paro docente para este viernes 23 de mayo.
En esta misma línea, este jueves 22, se realizó una movilización que partió a las 12:30 desde Plaza Houssay hacia el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades públicas del país, difundió un comunicado en el que advirtió sobre el grave deterioro del sistema científico y tecnológico. La falta de recursos impacta en la formación profesional, el funcionamiento de laboratorios, las oportunidades para jóvenes investigadores y en la fuga de talentos hacia el exterior.
En respuesta a esta situación, distintos sectores universitarios —docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades— elaboraron un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario, que será presentado la próxima semana en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca revertir el desfinanciamiento actual y garantizar fondos suficientes para el funcionamiento y desarrollo de las casas de estudio.
En este marco, las universidades nacionales se preparan para intensificar su plan de lucha. A la par de los reclamos salariales, se suman la falta de actualización presupuestaria y la ausencia de fondos para becas y programas científicos. El Poder Ejecutivo vetó en 2024 un proyecto de financiamiento universitario y prorrogó por segundo año consecutivo el presupuesto del 2023, profundizando la situación crítica.
Aunque aún no hay fecha definida, se evalúa la posibilidad de convocar a una nueva marcha federal universitaria cuando el proyecto comience a tratarse en el Congreso. Esta movilización, similar a la del pasado 2 de octubre, podría convertirse en una nueva expresión masiva de rechazo al ajuste en la educación superior.
