La adjudicación por más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa encendió alertas por el vínculo entre su directora ejecutiva y el ministro de Desregulación. La Oficina Anticorrupción intervino y se activó el procedimiento previsto para casos de posible conflicto de interés.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido) para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. La particularidad del caso radica en que la directora ejecutiva de la entidad es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La contratación se realizó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad y quedó formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25 publicado en el sistema COMPR.AR. El servicio tendrá una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un período igual, y al momento de la apertura se registró una única oferta, presentada por la AACI.
Debido al vínculo familiar, el expediente activó el mecanismo previsto en el Decreto 202/2017, que obliga a extremar controles cuando existen relaciones entre funcionarios y contratistas del Estado. La Oficina Anticorrupción incorporó un dictamen donde encuadró el lazo como “familiar (matrimonio)” y se dio intervención también a la Sindicatura General de la Nación. Como “mecanismo adicional de transparencia”, se suscribió un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada.
En los fundamentos oficiales se argumentó que la AACI era el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa de capacitación dentro del Plan Estratégico 2025–2027. Sin embargo, el monto involucrado y la modalidad de contratación reavivaron el debate sobre los estándares éticos en la gestión pública, en un contexto donde el propio Gobierno nacional sostiene un discurso de ajuste y desregulación que pone bajo la lupa cada peso invertido por el Estado.
