El Gobierno nacional oficializó la modificación de la legislación sobre derechos de autor con la publicación del decreto 1036/2024, que deroga el decreto 736/2023 de la gestión de Alberto Fernández. La medida pone fin a la exclusividad que tenía el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA) para gestionar y negociar las licencias de reproducción de obras nacionales.
Desde su creación, el decreto anterior había otorgado a CADRA la autoridad exclusiva para regular el uso de material protegido por derechos de autor en instituciones educativas, empresas y centros de copiado, abarcando tanto formatos analógicos como digitales. Entre otras disposiciones, eximía del pago de licencias a bibliotecas públicas, archivos y universidades que demostraran que los costos comprometían el acceso a material educativo. Sin embargo, según el nuevo decreto, el esquema resultaba complejo y generaba inequidades.
El Ejecutivo explicó que el modelo basado en CADRA no cumplía con su propósito, argumentando que las tarifas y los cánones eran difíciles de calcular de manera objetiva. Según el texto oficial, era imposible determinar de forma precisa qué obras eran reproducidas y cómo distribuir lo recaudado entre los autores y editores correspondientes. Esto, sumado a los perjuicios económicos para los comercios de fotocopiado, llevó a la decisión de eliminar la regulación anterior.
Otro de los puntos que pesó en la derogación fue el argumento de la libre competencia. Según el nuevo decreto, la exclusividad otorgada a CADRA contradecía este principio al impedir que otras asociaciones de autores gestionaran los derechos de sus representados. “Cualquier autor o editor es libre de disponer de su derecho de propiedad y decidir quién y cómo habrá de representarlo”, subrayaron desde el Gobierno.
En línea con esta medida, también se realizaron cambios a la normativa de circulación de bienes culturales, regulando la exportación e importación de obras de arte de artistas argentinos y extranjeros. El decreto 1037/2024 establece que no habrá límites en la cantidad de obras que puedan trasladarse ni restricciones en los términos comerciales acordados entre las partes involucradas.
El Ejecutivo justificó estas decisiones como parte de su compromiso con un sistema económico basado en la libre concurrencia y la promoción de la propiedad privada. Según el Gobierno, estas modificaciones buscan garantizar un marco más equitativo y menos restrictivo para la gestión de los derechos de autor y la circulación de bienes culturales.
Con este cambio legislativo, el Gobierno busca abrir nuevas posibilidades para autores, editores y entidades vinculadas al ámbito cultural y educativo, promoviendo una mayor competencia y simplificando los procedimientos relacionados con el uso de obras protegidas por derechos de autor.
