Con el respaldo del oficialismo y sectores aliados, la Cámara alta dio media sanción al proyecto que habilita un plan de pago a dos fondos especulativos que mantuvieron litigios contra el Estado argentino. El peronismo rechazó la iniciativa y cuestionó el manejo de la deuda pública.
El Senado aprobó este jueves el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para autorizar un acuerdo de conciliación con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP., por un monto total de 171 millones de dólares. La iniciativa obtuvo 40 votos afirmativos y 22 negativos, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el entendimiento alcanzado entre las partes.
Según los términos del acuerdo, el Estado argentino abonará 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones a Attestor, dos de los holdouts que permanecían con reclamos activos tras no adherir a los canjes de deuda realizados luego del default de 2001. Desde el oficialismo sostuvieron que el convenio contempla una reducción cercana al 30% respecto de los montos originalmente reclamados.
Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, defendió la iniciativa al señalar que el acuerdo permitirá cerrar litigios pendientes y evitar nuevas acciones judiciales contra el país. Además, destacó que dejará sin efecto medidas de embargo impulsadas en tribunales estadounidenses sobre activos soberanos, incluidas acciones de empresas estatales.
Desde la oposición peronista, en cambio, cuestionaron con dureza la propuesta. El senador chaqueño Jorge Capitanich sostuvo que este tipo de mecanismos “premian las conductas de los fondos buitre o holdouts” y remarcó que no existen garantías suficientes sobre la supuesta quita anunciada por el Gobierno. En la misma línea, José Mayans ratificó el rechazo del bloque justicialista y advirtió: “No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda y del desastre que están haciendo con la economía argentina”.
El proyecto vuelve a poner en discusión la estrategia del Gobierno frente a los acreedores externos. Mientras el oficialismo presenta el acuerdo como una herramienta para cerrar litigios históricos y mejorar el acceso al financiamiento, la oposición denuncia una nueva concesión a fondos especulativos en medio de un contexto económico marcado por el ajuste, el endeudamiento y la caída de la actividad.
