El Gobierno nacional abrió una licitación nacional e internacional para entregar en concesión 7.594 kilómetros de vías de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El esquema alcanza a 16 provincias y contempla inversiones obligatorias, mientras el Estado conserva las tareas de regulación y fiscalización.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva privatización y anunció la licitación para concesionar durante 50 años el sistema ferroviario de cargas que integra las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La red comprende 7.594 kilómetros de vías y conecta a 16 provincias con los principales puertos del país y pasos hacia naciones limítrofes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó la medida y sostuvo que el nuevo esquema permitirá la participación de operadores privados bajo un régimen de acceso abierto. Los futuros concesionarios deberán cumplir con planes de inversión obligatorios y podrán acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) si destinan al menos 200 millones de dólares a la renovación de las vías.
Desde el Gobierno justificaron la decisión al señalar que la empresa atravesaba una situación operativa y financiera crítica al comienzo de la actual gestión. Según los informes citados por la Secretaría de Transporte, durante 2023 se registraron pérdidas, numerosos descarrilamientos y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del material tractivo.
Caputo también cuestionó el desempeño histórico del sistema ferroviario estatal y sostuvo que, pese a que la producción agropecuaria se multiplicó por seis desde 1970, el Belgrano Cargas transporta actualmente menos carga que en aquel momento. La concesión prevé obras obligatorias durante los primeros cinco años, entre ellas la eliminación de un cuello de botella ferroviario en Santa Fe, la recuperación de un ramal azucarero del Belgrano y la rehabilitación de tramos del San Martín y el Urquiza.
El proceso también contempla que los concesionarios puedan adquirir locomotoras y vagones de cada línea. El dinero obtenido por la venta y el remate del material rodante será destinado a un fideicomiso para financiar parte de las obras obligatorias, mientras el Estado mantendrá las funciones de regulación, fiscalización y control. De esta manera, el Gobierno profundiza su programa de privatizaciones y pone bajo administración privada una de las principales redes ferroviarias de cargas del país durante el próximo medio siglo.
