El gobierno nacional continúa con su política de ajuste en el sector público, con un total de 42.034 empleados públicos que han sido desvinculados de la administración en los últimos 14 meses. Esta cifra, que muestra la profundización de la “motosierra” en el empleo estatal, se traduce en un ahorro anual estimado de US$ 1.650 millones, según lo señalado en un reciente informe oficial.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, destacó en sus redes sociales que esta baja en la planta estatal no solo responde a una política de racionalización del gasto, sino que representa “menos impuestos para todos nosotros”. En sus declaraciones, el funcionario enfatizó la importancia de este tipo de medidas para alcanzar el superávit fiscal, una meta considerada clave por el actual gobierno. “Este trabajo, columna vertebral de la política indeclinable de superávit fiscal, es tarea de todo el gobierno”, subrayó Sturzenegger, reafirmando el carácter transversal de la iniciativa.
El informe oficial precisa que de las 42.034 bajas registradas, 24.244 corresponden a la administración central y descentralizada, 13.711 a empresas del estado y 4.079 a personal militar y de seguridad. En el mes de febrero, la cifra de cesantías alcanzó los 1.544 empleados. Este proceso de reducción de personal no parece tener freno, a pesar de las críticas que recibe desde diferentes sectores, especialmente aquellos vinculados a sindicatos y organizaciones que defienden los derechos laborales en el ámbito público.
La gestión de estos recortes sigue siendo un tema de debate en la política argentina. Mientras el gobierno insista en que la medida es parte de una estrategia necesaria para equilibrar las cuentas fiscales, sectores opositores y movimientos sociales continúan cuestionando el impacto que este ajuste podría tener en la calidad de los servicios públicos y en el bienestar de los trabajadores estatales.
