La memoria histórica sigue siendo una tarea fundamental en la búsqueda de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en Argentina. En este contexto, el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos continúa con la investigación sobre las atrocidades ocurridas en el excentro clandestino de detención conocido como el Pozo de Banfield. Este lugar, que operó como un centro de represión y tortura, fue también el escenario de crímenes de apropiación de bebés, un capítulo doloroso de la historia reciente del país.
Este lunes, los miembros de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante) visitaron el lugar con el objetivo de profundizar en las investigaciones sobre las 20 mujeres embarazadas que fueron secuestradas en ese centro. “Realizamos un trabajo conjunto enfocado en los ex centros clandestinos donde estuvieron jóvenes embarazadas cuyos hijos fueron apropiados. En la Provincia seguimos trabajando por el derecho a la verdad y la identidad”, destacaron desde la Mesa de Trabajo del espacio lomense, subrayando el esfuerzo por mantener viva la búsqueda de justicia.
La Uficante, creada para tratar con especial dedicación los casos de apropiación de niños, es una dependencia del Ministerio Público que tiene como misión garantizar que se cumplan las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en esta materia. Las investigaciones siguen revelando detalles estremecedores de la violencia sufrida por las mujeres embarazadas durante su cautiverio. “Los sobrevivientes de esos crímenes contaron cómo las embarazadas fueron obligadas a dar a luz en las mesadas de las cocinas, tabicadas, atadas de manos y bajo los insultos de sus opresores”, relató Colleen Torre, una de las querellantes en nombre de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
La situación en el Pozo de Banfield fue particularmente cruel. Allí, las mujeres detenidas, que atravesaban embarazos, fueron forzadas a parir en condiciones inhumanas y luego obligadas a limpiar el lugar en el que dieron a luz, con total desamparo y humillación. Este centro clandestino de detención no solo fue un espacio de tortura física y psicológica, sino que también se convirtió en una “maternidad clandestina”, en la que los recién nacidos eran apropiados y entregados a familias militares, desconociendo su verdadera identidad. La continua lucha por justicia sigue siendo esencial para esclarecer la magnitud de estos crímenes y asegurar que los responsables rindan cuentas.
En marzo del año pasado, se celebró el Juicio Brigadas, uno de los procesos judiciales más trascendentales en materia de Derechos Humanos en Argentina, que abarcó los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención de Lanús, Banfield, Quilmes y San Justo. Durante más de tres años y medio de juicio, se identificaron más de 600 víctimas y se dictaron condenas, con 10 genocidas sentenciados a prisión perpetua. Sin embargo, la memoria sigue siendo una herramienta poderosa para no olvidar y seguir luchando por la verdad, la justicia y la identidad de las víctimas.
