El Senado de la Nación dejó sin efecto el veto del presidente Javier Milei y reactivó la Ley de Emergencia en Discapacidad, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 con posibilidad de prórroga por un año más. La votación alcanzó 63 votos a favor y 7 en contra, superando con amplitud los dos tercios requeridos para garantizar su continuidad.
La decisión del Senado se conoció a tres días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y en medio de la polémica por el caso Spagnuolo, que involucra presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Días atrás, la Cámara de Diputados también había rechazado la medida del Ejecutivo, lo que anticipaba un desenlace similar en la Cámara Alta.
Durante la sesión, que se extendió desde el mediodía, el oficialismo tuvo una única defensa del veto a través de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO). La legisladora argumentó que ya existe un marco normativo que garantiza los derechos de las personas con discapacidad y sostuvo que no era necesaria una nueva declaración de emergencia.
Sin embargo, la mayoría de los bloques opositores remarcaron la urgencia de atender la situación de pensiones y prestaciones congeladas desde 2023. El jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, señaló que la votación representaba un compromiso con un sector históricamente postergado y aseguró que el Congreso debía “cumplir con una parte de esa deuda social”.
El debate también estuvo atravesado por críticas a la gestión nacional. La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) apuntó a la Secretaría General de la Presidencia en relación con el financiamiento de la norma, mientras que José Carambia (Por Santa Cruz) advirtió que podría impulsar un juicio político si el Poder Ejecutivo no cumple con lo establecido en la ley.
Con este resultado, la Ley de Emergencia en Discapacidad recupera vigencia y obliga al Gobierno a destinar recursos específicos al sector. La norma permanecerá activa hasta fines de 2026 y podrá extenderse hasta 2027 en caso de ser necesario, en un contexto donde las demandas de las organizaciones de personas con discapacidad continúan en el centro de la agenda pública.
