Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) sufrió una caída cercana al 32% en su capacidad de compra real, según datos oficiales recopilados en un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). El fuerte deterioro del ingreso básico de los trabajadores más vulnerables se produjo por una combinación de inflación récord y la falta de actualizaciones salariales acordes al aumento de precios.
En este contexto, el Gobierno convocó para el martes 29 de abril una nueva reunión del Consejo del Salario, con el objetivo de definir un nuevo piso salarial que busque compensar, al menos en parte, el deterioro acumulado. Hasta el momento, el salario mínimo vigente había quedado por debajo de los niveles históricos, incluyendo el valor que registraba durante gran parte de la década de 1990 y en la crisis de la convertibilidad, períodos en los que también había perdido su rol como referencia para la determinación de ingresos y reducción de la desigualdad.
Actualmente, el SMVM alcanza apenas el 58,1% del costo de la canasta básica alimentaria que determina la línea de indigencia para una familia tipo, y un poco más de una cuarta parte del costo total de la canasta de pobreza.
La última actualización del salario mínimo fue dispuesta en diciembre de 2024 a través de un decreto presidencial, luego de que las negociaciones entre empresarios y sindicatos fracasaran. En ese momento, se fijó un salario de $279.718 a partir de diciembre, con incrementos escalonados: $286.711 en enero de 2025, $292.446 en febrero y $296.832 en marzo. Para los trabajadores jornalizados, el valor horario se ajustó en una progresión similar.
Sin embargo, los aumentos resultaron insuficientes frente a la aceleración inflacionaria, afectando particularmente a los trabajadores informales y a quienes perciben planes sociales atados al valor del salario mínimo. La suba de precios en alimentos, transporte y servicios básicos terminó de erosionar el poder adquisitivo, profundizando la crisis de consumo y agravando las dificultades sociales.
Economistas y sindicatos advierten que la falta de una recomposición salarial urgente podría agudizar la desigualdad y ralentizar aún más la recuperación económica. A su vez, señalan que el deterioro de los ingresos también repercute en las economías regionales, cuyo dinamismo depende en gran medida de la demanda interna.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene su política de ajuste fiscal y afirma que la recuperación del poder de compra será un proceso de mediano plazo, aunque los salarios continúan rezagados frente a la inflación acumulada.
