El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines encendió las alarmas ante lo que considera un avance del Gobierno de Milei hacia un cierre “encubierto” de la Dirección Nacional de Vialidad. A través de un comunicado, la organización sindical denunció un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado” y resolvió declarar el estado de alerta máxima.
La advertencia surge a partir del nuevo organigrama impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. Según el gremio, los cambios administrativos implican una “reorientación institucional” que, en los hechos, dejaría a Vialidad Nacional sin capacidad operativa, limitándola a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.
Desde el sindicato sostienen que esta redefinición implica que el Estado deje de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, una de sus funciones históricas, para quedar relegado a un rol pasivo frente a la actividad de terceros. Advirtieron que esta situación podría tener consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial y afectar la seguridad en las rutas.
La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, cuestionó con dureza al Gobierno nacional y señaló que, pese a los límites planteados por la Justicia y el Congreso, se avanza por la vía administrativa en una transformación que, a su entender, desnaturaliza al organismo. En ese marco, el sindicato afirmó que se trata de medidas que vulneran el principio de continuidad del servicio público y el mandato constitucional de garantizar la integración territorial y el desarrollo federal.
Como respuesta, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina intimó mediante carta documento a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que se abstengan de impulsar cualquier decisión que derive en la disolución o el vaciamiento de Vialidad Nacional. En la presentación, el gremio remarcó el carácter estratégico del organismo y alertó sobre las consecuencias sociales, económicas y laborales que podría generar su debilitamiento, especialmente en las regiones más postergadas del país.
Finalmente, la organización sindical dejó constancia de que hará responsables personalmente a los funcionarios intimados por los efectos que pudieran derivarse de estas políticas y anticipó que evalúa avanzar con acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas en defensa de Vialidad Nacional.
